miércoles 16.10.2019
PRISIONES

Las reclusas de El Dueso denuncian que su módulo es “conflictivo” y que tienen menos actividades que los hombres

El Defensor del Pueblo investiga la “invisibilidad” de las mujeres presas en cárceles españolas.

Centro penitenciario de El Dueso, en Santoña
Centro penitenciario de El Dueso, en Santoña

Las reclusas del centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, que cuenta con un único módulo de mujeres, consideran que éste es "conflictivo" por la convivencia obligada de perfiles personales y penitenciarios muy diferentes, según el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). En el citado informe, las reclusas de El Dueso también manifiestan que no cuentan con muchas actividades, y que las que han realizado son "significativamente más reducidas" que las de los hombres. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, investiga la "invisibilidad" de las mujeres internas en las cárceles españolas, tras su visita al Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) –el primero de su ronda de visitas por cuestiones de género–, donde los formularios sólo hablan de internos, los registros no contienen información desagregada por sexo o tienen más limitado el acceso a los espacios comunes, a contratos de trabajo y a talleres formativos. "Por razones de seguridad y protección a las mujeres, se evita que asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género, con lo que se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra", sostiene el Defensor sobre esta prisión en la que hay 2.052 hombres y 236 mujeres. Esta es una de las conclusiones del Informe Anual 2018 que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que ha entregado Fernández Marugán hoy lunes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

En el caso de El Dueso y de Madrid VI únicamente anotan aquellas incidencias a las que la Dirección otorga alguna credibilidad

En 2018, el MNP ha inspeccionado 111 lugares de privación de libertad repartidos por 31 provincias de 17 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Una de cada tres visitas fue de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución supone o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han alcanzado 1.788 conclusiones que han derivado en 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales. En su visita a los 15 centros penitenciarios, el Defensor advierte en este informe de que sigue detectando que en algunos de ellos no existe un libro en que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas de funcionarios contra internos. Asimismo, insiste en que sigue sin haber un protocolo unificado sobre la colocación de cámaras de seguridad, grabaciones, imágenes y la custodia de las mismas. En el caso de El Dueso y de Madrid VI, según se informó durante las visitas, únicamente anotan aquellas incidencias a las que otorgan alguna credibilidad. En ambos casos, el Defensor ha formulado sendas sugerencias en las que insiste en que ese juicio no corresponde a la Dirección sino al juez competente.

En cuanto a las cámaras de seguridad, en el puesto de la Guardia Civil de Santoña y en la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Ciudad Real, el monitor de control de cámaras de la zona de calabozos, celdas incluidas, se encuentra en los puntos de acceso para el conjunto de la ciudadanía, de tal modo que si un ciudadano va a realizar cualquier gestión, puede observar si hay alguien detenido y su situación en la celda. Según el Defensor del Pueblo, esta práctica "debe ser desterrada, sin que quepa ampararla en la carencia de recursos humanos o materiales, por afectar no solo al derecho a la presunción de inocencia de la persona detenida, sino también a su derecho a la dignidad personal". Además, en el puesto de la Guardia Civil de Santoña hay ángulos muertos y carencias de cobertura.

En el puesto de la Guardia Civil de Santoña hay funcionarios que no están correctamente identificados

En relación a la remisión del parte de lesiones, en El Dueso, como también en el CP de Albacete, se observó que la Dirección de cada centro filtraba el envío de los partes al juzgado de guardia cuando apreciaba indicios de delito. Por otra parte, en cuanto a la identificación de los agentes de custodia, en el puesto de la Guardia Civil de Santoña hay funcionarios que no están correctamente identificados. A la sugerencia realizada al respecto por el Defensor, los agentes manifestaron que tienen limitado el número de identificadores que pueden adquirir por año y que además son poco perdurables, al desprenderse con facilidad, por lo que la institución ha solicitado información al respecto a la Dirección General de la Guardia Civil. Finalmente, en cuanto a traducción e interpretación, el puesto de la Guardia Civil de Santoña acude para realizar estas labores a vecinos de la localidad en lugar de a servicios profesionales, lo que plantea problemas de protección de datos y resulta "innecesariamente gravoso para esos vecinos. El Defensor ha solicitado información a la Dirección General de la Guardia Civil acerca de las instrucciones generales que haya impartido al respecto.

Asimismo, el Defensor advierte, en términos generales, de la "insuficiente" dotación de personal sanitario en las cárceles, así como la falta de estos profesionales las 24 horas del día y reitera la necesidad establecer un sistema de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencias en todos los centros penitenciarios.

"Es el momento de reflexionar acerca de la idoneidad del uso de contenciones mecánicas en centros para menores infractores"

Sobre las ocho visitas a centros para menores infractores, el documento revela la "preocupación" de la institución por los ingresos de menores en centros de comunidades distintas a las de su residencia, que llega a "comprometer" el mantenimiento de los vínculos familiares, dado es "esfuerzo económico" que supone para las familias ir a visitarles. Asimismo, el documento revela la constatación de que todavía hay centros de menores infractores que no cuentan con libros de registro en el que inscribir el uso de medios coercitivos o, incluso, los que sí lo tienen no incluyen información necesaria como el nombre de los internos, la medida empleada o el motivo de aplicación de la misma. También ha detectado "significativas diferencias" a la hora de recurrir a las contenciones mecánicas, así como en la formación del personal. "Es el momento de reflexionar acerca de la idoneidad del uso de contenciones mecánicas en este tipo de centros", asevera el Defensor en su informe.

De las visitas a los cinco de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), esta institución ha continuado detectando "carencias" en 2018. En concreto, se refiere a que sigue sin garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos que carecen de estos y que se encuentran internos por su situación irregular. Asimismo, advierte de que los CIEs, al igual que las cárceles, tampoco cuentan con personal sanitario las 24 horas del día y avisa de la falta de asistencia psicológica, psiquiátrica y la ausencia de analíticas sobre consumo o enfermedades contagiosas. También ha detectado que no se garantiza el derecho de los internos a recibir la visita de personal de ONGs. En cuanto a los 15 operativos de repatriación de extranjeros supervisados, el informe señala que existe un "alto número de casos" en los que a las personas repatriadas no se les comunica la fecha y hora de ejecución de la orden de repatriación y que persiste la práctica de que solo las personas que proceden de los CIEs disponen de un documento médico en el que conste que son aptos para viajar.

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