Víctor Gijón ha considerado que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que lo inhabilita durante dos años para administrar los bienes ajenos, representar a cualquier persona y ejercer el comercio o tener cargo o intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales no afecta “en absoluto” a su cargo de director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan porque él no es “administrador” de la empresa pública y que “no hay ningún tipo de incompatibilidad ni ninguna obligación legal ni razón jurídica” para presentar su renuncia al cargo, destacando asimismo que los hechos juzgados ocurrieron “hace siete años” y en su “actividad como empresario privado”.
Por todo ello, ha asegurado que como director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan no le preocupa la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que lo inhabilita sino cuestiones como el “acuerdo” de la empresa pública “con Sidenor” –antigua Forjas y Aceros de Reinosa–, que atraviesa un ERE, por lo que Sodercan se ha comprometido a articular mecanismos financieros para garantizar la continuidad de la actividad de la fábrica campurriana.
Víctor Gijón, inhabilitado, pone como excusa para no dimitir que está "volcado" con Sidenor.
— Ruth Ruiz Toraño (@RRTRPGGRL) 29 de mayo de 2017
Así insultaba a los campurrianos en el 87 pic.twitter.com/oMMHSeZ579
Las declaraciones del director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan han sorprendido en las redes sociales, pues se producen justo treinta años después de la Primavera del 87, cuando, desde su cargo de redactor jefe del diario ‘Alerta’, Gijón abordó de forma muy particular el conflicto laboral de Forjas y Aceros y muy especialmente la retención de su presidente, Enrique Antolín, por los obreros de la fábrica la víspera de su toma de posesión como consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco PNV/PSOE.
‘Secuestro’ [columna de Víctor Gijón publicada en ‘Alerta’ el 13/03/87]:
Existen reivindicaciones, de cuya justeza nadie duda, que al ser defendidas con métodos injustificables pierden su validez. Los obreros reinosanos de Forjas y Aceros tenían razón en reivindicar una salida menos traumática para la empresa que la prevista en el plan de viabilidad. Al secuestrar al presidente de la factoría Enrique Antolín, nombrado consejero del Gobierno vasco, los trabajadores de Forjas y Aceros han perdido la razón que sus argumentos podían encerrar.
Con demasiada frecuencia se vienen produciendo hechos que demuestran una comprensión torcida de los límites que un régimen democrático impone. Es cierto que a diferencia de situaciones autoritarias bien conocidas por todos, el sistema democrático confía en los ciudadanos y deja en libertad a éstos incluso para, aprovechándose de esa libertad, intentar acabar con ella. Los trabajadores de Forjas y Aceros de Reinosa han hecho un uso indebido de la libertad de expresión y del derecho de manifestación. Sin valorar este hecho no puede analizarse objetivamente, como algunos ahora pretenden, la intervención de las fuerzas del Orden.
Pero con ser preocupante la tendencia de algunas minorías a utilizar la violencia para defender sus derechos, aún lo es más el silencio de aquellos sobre los que recae la responsabilidad de encauzar los movimientos sociales y las reivindicaciones económicas o políticas. 24 horas después del secuestro de Antolín, las centrales sindicales permanecen mudas, al igual que los partidos representados en el Ayuntamiento de la capital de Campoo. El miedo a ser acusados de tibieza reivindicativa atenaza a UGT, mientras que CCOO se dispone a capitalizar oportunistamente el malestar, manifestación de por medio. Otro tanto le ocurre a las fuerzas políticas. Nadie quiere ser el primero en condenar unos hechos condenables, estando como están más pendientes de la utilización política que de ello harían los otros.
