Katia tiene 38 años y vive en Mar, un pueblo de Cantabria. Desde hace años acude en tren a un centro de día que está situado en Santander. Allí le apoyan en su autonomía personal, participa en actividades de la comunidad, y se relaciona con compañeros y otras personas de otras asociaciones.
Hasta hace poco el personal de FEVE (RENFE) le ponía una rampa para que pudiera subir y bajar del tren, lo que le permitía ser independiente para desplazarse por Cantabria; gracias a ellos podía ir al centro de día, practicar el deporte en el que compite, ir al cine o salir con sus amigos.
Desde hace varias semanas, Katia no ha podido coger el tren porque nadie le ha facilitado la rampa. Parece que ha habido algún tipo de problema o cambio de política de la compañía, y le han comunicado que, a partir del próximo 1 de enero, ya no pondrán la rampa en ningún viaje.
En los trenes rápidos, FEVE ha colocado una rampa eléctrica que se acciona sola, pero esos trenes no paran en el pueblo de Katia. Los trenes con parada en Mar tienen escalones y no puede acceder a ellos por sí sola.
Katia no quiere renunciar a ser independiente, ni dejar de lado parte de su vida, que es el centro de día. No quiere perder su derecho a desplazarse. “Creo que todas las personas deberíamos tener las mismas oportunidades. La Constitución Española que todas las personas somos iguales ante la Ley y que no puede haber ninguna discriminación”, afirma.
“España ha ratificado en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, ¿Por qué no se ponen medios para que las personas que usamos una silla de ruedas podamos viajar en tren, como dice el artículo 20?” se pregunta Katia.
Ella es sólo una de las muchas personas que necesitan de la rampa para poder viajar en tren.
