El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, ha indicado que si "alguien" ha hecho algo "mal" en las ayudas a los centros de formación que investiga la Fiscalía, habrá que "cambiarlo" y tendrá que "pagar las consecuencias".
Revilla ha respondido así a preguntas de los medios sobre esta causa abierta por el Ministerio Público a raíz de la denuncia interpuesta por una academia, que "tendrá sus razones" para hacerlo. "Es un país libre", ha apostillado, antes de destacar que la academia ha dicho que se sentía "marginada" por la adjudicación de los cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo. Ante ello, la Fiscalía ha pedido "datos" y a Revilla le parece "perfecto". Y si "alguien" ha hecho algo "mal", habrá que "cambiarlo" y tendrá que "pagar las consecuencias". Además, ha añadido que todos los ciudadanos pueden presentar "demandas y quejas" sobre el funcionamiento de la Administración.
El Gobierno autonómico se ha puesto a disposición de la Fiscalía para aportar toda la documentación adicional que necesite, después de que el pasado jueves agentes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se llevaran expedientes administrativos de homologación de centros de formación para el empleo y documentación sobre la puntuación otorgada a los centros de formación desde 2007 en concepto de accesibilidad de sus instalaciones. Concretamente, se llevaron expedientes del Servicio Cántabro de Empleo, de la Consejería de Presidencia y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICCAS), en este último caso sobre temas relacionados con la accesibilidad de los centros de formación.
