El consejero delegado de la empresa pública Sodercan, Salvador Blanco, ha asegurado este martes en sede parlamentaria –en su comparecencia en el Parlamento autonómico sobre el proyecto Ecomasa– que Sodercan "no es una agencia de colocación". Durante la comparecencia, el consejero delegado de Sodercan y el portavoz de Podemos en la comisión, José Ramón Blanco, han mantenido un duro cruce de declaraciones en las que se han acusado mutuamente de mentir. La polémica ha surgido cuando el compareciente ha sido cuestionado acerca de lo afirmado en una sesión anterior de la comisión por parte del presidente y el secretario del comité de empresa, Luis Gómez Laredo y José Manuel Ortiz, respectivamente, quienes aseguraron que en una reunión con Blanco éste les dijo que "las noches que él no había dormido con GFB, las iban a empezar a no dormir otros". "¿Qué tal duerme?", le ha preguntado irónicamente el portavoz de Podemos en la comisión. También los representantes de los trabajadores afirmaron que Blanco les "amenazó" con "tirar todos" sus currículum "a la basura" si seguían con sus actuaciones en el juzgado para intentar que Sodercan les pagara las indemnizaciones que habían aportado al proyecto Ecomasa y habían perdido. Ambas afirmaciones han sido desmentidas por Blanco. "Yo no tiro ningún currículum porque no tengo ningún currículum", que ha señalado que Sodercan "no es una agencia de colocación" y no recoge currículum.
El portavoz de Podemos asegura que entre creer las palabras de los trabajadores o la de él con su trayectoria, cree a los empleados
El cruce de declaraciones se ha generado cuando el portavoz de Podemos ha asegurado que entre creer las palabras de los trabajadores o la de él con su trayectoria, creía a los empleados. "Me parece muy bien. No le obligo a creer", le ha respondido Salvador Blanco. Así, el portavoz de Podemos le ha recriminado la gestión de Blanco del proyecto GFB y ha afirmado que en la sentencia que declaraba el concurso culpable de esta empresa de fibroyeso el juez cuestionaba su actuación. Salvador Blanco ha señalado que nunca ha estado imputado por ese asunto y ha acusado al parlamentario de Podemos de no decir la verdad acerca del contenido de la sentencia intentando que una "mentira mil veces repetida" parezca convertirse "en verdad". En este sentido, ha reconocido que "le indigna" que Podemos mezcle el tema de Ecomasa con el de GFB cuando hay "diferencias sustanciales".
En este sentido, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, ha opinado que cuando se habla de que Ecomasa fue el "fiasco del siglo" resulta, a su juicio, "inevitable" compararlo con GFB puesto que fue un proyecto de otro Gobierno que acabó en un "sonoro fracaso". "GFB no es ningún fiasco porque está funcionando en Orejo", ha dicho Blanco, que ha admitido que hubo "errores graves" en la gestión de GFB: en la elección de los socios y en no haber controlado la gestión de ellos hasta que llegó a Sodercan. En la comparecencia, Blanco ha defendido la mejora de los procedimientos en Sodercan a la hora de evaluar los proyectos y son ahora "absolutamente rigurosos".
Blanco sostiene que la gestión que hizo del proyecto Ecomasa desde que llegó a su puesto en la sociedad pública en agosto de 2015 hasta la liquidación de la empresa fue "absolutamente rigurosa" y asegura que "siempre" se analizó la posibilidad de "sacar adelante" el proyecto "si era viable" pero "no lo era". "¡Qué mejor que cuando yo llegué ahí el proyecto fuera viable!", ha defendido Blanco este martes en su comparecencia en el Parlamento autonómico, en la que ha subrayado que el proyecto Ecomasa, en "origen" era "inviable e insostenible en el tiempo". Y ha asegurado que no es él el que dice que el proyecto no era viable, sino que ha afirmado que así lo señalan los informes de los administradores concursales, el realizado por la compañía de servicios profesionales Ernst & Young –a la que tras la llegada de Blanco a Sodercan se encargó una auditoria forense sobre la empresa–; el perito judicial y el Ministerio Fiscal.
"Se dejó en manos de dos llamados empresarios" un proyecto en el que se había invertido "mucho dinero"
Cuestionado sobre la responsabilidad del Gobierno del PP, durante la que nació el proyecto, en el fracaso de Ecomasa, Blanco ha señalado que no se han encontrado evidencias para deducir que haya una responsabilidad penal del Ejecutivo del PP pero cree que "ha habido fallos muy grandes", entre ellos, "los controles". "Por un intento de resolver problemas o presentar una hoja de servicios brillantes se cometen muchos errores", ha dicho Salvador Blanco, que ha señalado que "se dejó en manos de dos llamados empresarios" un proyecto en el que se había invertido "mucho dinero" público, algo que, a su juicio, no tenía que haber ocurrido. Además, ha sostenido que el plan de viabilidad que presentaron los socios privados de Ecomasa, Jesús Lavín y Andrés de León, era una "auténtica chapuza que no resistía ni el más mínimo análisis" y ha opinado que el proyecto fue un "trampantojo".
Ha relatado que el 11 de agosto de 2015, seis días después de que tomara posesión como consejero delegado de Sodercan, un representante de la que era administradora única de la compañía (Hud Advisory) le informó en una Junta de Ecomasa de la situación de "insolvencia económica y financiera" de la empresa, que no tenía ni actividad industrial ni comercial y de que tenía que solicitar concurso de acreedores por imperativo legal. Blanco también ha señalado que "en ningún caso" el "devenir" de la empresa hubiera cambiado si Sodercan hubiera aportado ni los 118.000 euros comprometidos por el anterior Ejecutivo –cantidad que "en ningún momento" se le solicitó su abono por parte de los administradores a la vista de la situación de la empresa– y tampoco con la aportación de otros 2 millones más de la refinanciación de avales "se hubiera podido levantar" el proyecto sino incrementar el dinero público perdido (18 millones), a los que hay que sumar los 3,2 de las indemnizaciones puestas en este proyecto por los trabajadores despedidos de Teka. También ha insistido en que Sodercan no liquida la empresa sino que "lo decidieron los administradores concursales" ante la situación de insolvencia y la imposibilidad de encontrar ningún socio.
El "único mandato" que recibió de Tezanos cuando le nombró consejero delegado fue que trabajara "con rigor" para determinar "qué estaba pasando"
A preguntas del grupo mixto en la comisión, Blanco ha asegurado que el "único mandato" que recibió de la vicepresidenta y consejera del Gobierno autonómico con competencias en Sodercan, Eva Díaz Tezanos, cuando le nombró consejero delegado de la sociedad respecto al proyecto Ecomasa fue que, dado el "mucho ruido" que había en torno a este proyecto y la aportación de dinero público realizada, trabajara "con rigor" para determinar "qué estaba pasando". Y ha señalado que, en cumplimiento con esta tarea, se pidió un informe para saber si la empresa era viable –era "lo que nos interesaba", ha dicho– y otro para conocer la "trazabilidad" del dinero público invertido. Ha insistido en que cuando asumió la responsabilidad en Sodercan el "panorama" sobre el proyecto Ecomasa era ya "bastante difícil de gestionar" y ha recordado que los administradores concursales consideraron que la presentación del concurso fue "tardía", afirmación a la que se ha sumado. Respecto a la documentación que se encontró en Sodercan respecto al proyecto Ecomasa, ha explicado que "informes técnicos había" pero "no había estudios de mercado" y ha señalado que de este tipo únicamente existían los que los socios privados del proyecto, Jesús Lavín y Andrés de León, entregaron al inicio del proyecto al Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que aportó 12 millones de euros, y a los que hay que sumar los casi 6 otorgados posteriormente por Sodercan. En este sentido, ha señalado que, a la vista de la auditoria forense que se encargó, "se entresaca" que el ICAF y Sodercan no manejaban informes distintos sobre Ecomasa. Además, ha recordado que fue el ICAF el que instó a Sodercan a participar en el proyecto. Además, ha señalado que su intención no es desacreditar a los técnicos del ICAF que valoraron el proyecto. "Los técnicos del ICAF cumplieron el mandato que se les dio", ha dicho.
