La Consejería de Sanidad, dirigida por la socialista María Luisa Real, se plantea anular la resolución aclaratoria de la claúsula del contrato público privado de Valdecilla suscrita por el que fuera gerente del hospital con el anterior Gobierno del PP, César Pascual, relativa al periodo de aplicación del mecanismo de deducciones a la adjudicataria ante la aparición de incidencias o deficiencias en la prestación de los servicios gestionados en el centro sanitario.
La Consejería de Sanidad ha ordenado la apertura de un expediente de revisión de la resolución aclaratoria de este cláusula de cara a una "posible anulación" de la misma al entender que ésta impide sancionar a la adjudicataria del contrato de Valdecilla hasta seis meses después de la entrada en funcionamiento de los servicios adjudicados a Ferrovial, según ha anunciado en un comunicado el Gobierno.
A juicio de la consejera de Sanidad, el objetivo de esta resolución fue "la limitación de los mecanismos de control del contrato público privado de Valdecilla", "perjudicando a Cantabria, a la Administración regional y a los ciudadanos".
El objetivo de esta resolución fue la limitación de los mecanismos de control del contrato público privado de Valdecilla
Como prueba de ello, alude a un fragmento de dicha resolución en el que se señala que "el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios será de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura, Fase III del HUMV".
La consejera se ha referido al fundamento de esta resolución, que, según ha dicho, se basa en un informe jurídico emitido por la consultora Hill-Antares, adjudicataria en febrero de 2015 del Servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad del contrato de Valdecilla por valor de casi 650.000 euros y con vigencia de 24 meses.
Ha señalado que el contrato con la consultora fue rescindido por el actual Gobierno de Cantabria en diciembre de 2015, asumiendo dichas funciones de seguimiento y control una comisión técnica integrada por profesionales del SCS y del Hospital Valdecilla.
Al margen del contenido, Real ha criticado también la "oportunidad" de esta resolución, fechada el 17 de junio de 2015, fecha posterior a las elecciones autonómicas y municipales y cuando el Gobierno del PP estaba ya en funciones, lo que, en su opinión, supone "una deslealtad institucional para el nuevo Ejecutivo" (PRC-PSOE) y "para todos los ciudadanos de Cantabria".
