El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) Rafael Losada ha advertido en declaraciones a la Cadena Ser que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las viviendas ilegales podría acelerar la demolición de las mismas. Además, la sentencias dictadas el pasado mes de marzo por el Supremo determinan que no es obligatorio indemnizar a los propietarios de estas viviendas, que agrupan más de 500 familias en Cantabria.
Losada, que preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha explicado a la Cadena Ser que en los próximos días les llegará el dictamen del Tribunal Supremo y que a partir de ese momento comenzarán a dictar las resoluciones.
Una de los municipios cántabros con más viviendas ilegales declaradas es Argoños, que cuenta con un total de 169 viviendas en las urbanizaciones Pueblo de Mar y Las Llamas.
El alcalde del municipio, Juan José Barruetabeña, ha insistido en que no hay dinero para hacer frente a todas las indemnizaciones y solicita más tiempo para aprobar el plan general que permita legalizar el mayor número de viviendas posibles.
En Cantabria hay más de 500 viviendas declaradas ilegales
Tras conocerse la decisión del Supremo, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, aseguraba que “a lo largo de muchos años el Gobierno se ha valido de paraguas para no ejecutar las sentencias”, ralentizando de este modo el proceso. Como ha matizado, “el fin era que los ayuntamientos presentaran los PGOUs para ver si se podían salvar las viviendas”, pero ahora el Supremo dice “hasta aquí”.
El presidente de AMA criticaba igualmente el hecho de que las víctimas, de las que “cerca del 20% ya han fallecido”, no hayan podido ser parte del proceso “por el elevado coste”, mientras que las otras partes implicadas, ARCA y el propio Gobierno, “han podido defender sus intereses”.
“Estas sentencias tienen que servir para que el Gobierno y ayuntamientos no tengan excusas”, valoraba Vilela, para quien las resoluciones del Supremo dan “mayor seguridad jurídica sin dilatar los procesos”, obligando al Ejecutivo a “poner los recursos necesarios para el pago de las indemnizaciones” y a los consistorios a “entregar los PGOU ya”.
