El comité de empresa de Cantur ha solicitado una reunión con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio y presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Francisco Martín, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), según la cual "varios trabajadores se verán obligados a devolver los incrementos salariales" cobrados desde 2014 cuando se firmó el nuevo convenio laboral.
A pesar de que Cantur ya informó a los representantes de los trabajadores el pasado martes que está buscando "fórmulas para minimizar los efectos" de la sentencia, el comité ha informado en un comunicado que ha mantenido una reunión en la que ha decidido solicitar ese encuentro con Martín debido a la "gran alarma entre la masa social" que se ha generado al conocer la ejecución de la sentencia.
Tras manifestar su "respaldo y apoyo incondicional" a los trabajadores afectados, el comité ha expresado su "perplejidad" ante la manera de actuar de la Dirección de Cantur por pedir una "discreción que luego no práctica", ya que ha asegurado que los empleados se han enterado de la firmeza de la sentencia por la prensa.
Varios trabajadores se verán obligados a devolver los incrementos salariales cobrados desde 2014 cuando se firmó el nuevo convenio laboral
Por otro lado, ha manifestado su "preocupación" por el "nulo interés" de la Dirección en su relación con los representantes de los trabajadores y ha denunciado el "constante oscurantismo de la información" que se les facilita, algo que "dejo patente convocando una reunión para hablar del convenio aunque su intención era algo muy diferente, sin dar a la parte social la posibilidad de preparar la reunión y presentar sus argumentos".
El comité de empresa de Cantur ha considerado que "no puede verse afectado ningún trabajador" por la ejecución de la sentencia, debido a que se firmó un convenio que adaptó las categorías a grupos profesionales en función de los trabajos que se desarrollaban, teniendo en cuenta que se habían fundido dos convenios en uno único dentro del sector público empresarial.
"Por ello, no compartimos que la empresa de forma unilateral manifieste que la ejecución afecte a 21 trabajadores sin aportar ninguna documentación que avale dicho criterio", ha advertido el comité que, ha insistido en que seguirá "salvaguardando los derechos de los trabajadores, máximo cuando entendemos que éstos de ninguna manera son responsables de lo acontecido".
