Nuevo alumbrado con un presupuesto de más de 11 millones de euros. Un túnel en General Dávila de 7,2 millones. Y como estas, varias “obras faraónicas” que la oposición en el Ayuntamiento de Santander considera “injustificadas e innecesarias”. Pero estas iniciativas del alcalde, Íñigo de la Serna, contrastan con un abandono de su responsabilidad con los vecinos de la capital cántabra. Una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al Ayuntamiento a indemnizar con 246.412,07 euros a las cinco mujeres que en 2011 se apoyaron en una barandilla de la playa de El Camello para hacerse una foto y terminaron cayendo entre tres y cuatro metros ante el mal estado de la infraestructura.
La polémica no está en la propia sentencia, que ya es por sí sola suficientemente clarificadora, sino porque el Ayuntamiento ha estado litigando en los tribunales cinco años para “no reconocer su responsabilidad”, como ha criticado el PSOE, que exige al alcalde que pida disculpas a las víctimas.
"Lo menos que puede hacer el Alcalde es pedir disculpas, tras años inmersos en un proceso judicial que da la razón a las víctimas", ha afirmado el principal partido de la oposición. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional detalla que las indemnizaciones están entre los 14.635 euros y los 97.719 euros por la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Santander.
Cuando comenzó la investigación los técnicos apreciaron “ausencia de mantenimiento y estado lamentable” de la barandilla
Los hechos se produjeron el 18 de marzo, cuando las cinco mujeres se apoyaron en dicha barandilla de la ensenada de esta playa santanderina. Sin embargo, la estructura cedió y las mujeres se precipitaron a la arena, sufriendo graves daños físicos.
Ausencia de mantenimiento
Según el PSOE, cuando comenzó la investigación los técnicos apreciaron “ausencia de mantenimiento y estado lamentable” de la barandilla, así como una ausencia total de “advertencias del riesgo o limitaciones de acceso”, lo que a su juicio justifica la imputación al Ayuntamiento de dicha responsabilidad.
A esta investigación se suma el testimonio del atestado policial en el momento del accidente, que señaló que pudo haberse producido por el mal estado de conservación de la barandilla, “corroída por el óxido en todos los puntos de soldadura de los anclajes”, han recordado los socialistas.
Pero además, y según dicho informe del atestado, la mayor parte de los tramos de las barandillas, en todo su recorrido, se encuentran en un “estado de seguridad alarmante”, con los mismos defectos que la barandilla que había cedido, y que requerían urgentes actuaciones de la concejalía de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Playas del Ayuntamiento.
El PP “quiso responsabilizar al Gobierno de España” del mantenimiento de estas barandillas, y por lo tanto del daño sufrido por las mujeres
Los acontecimientos que siguieron a este incidente demostraron que el Consistorio dirigido por De la Serna no estaba por la labor de aceptar sus propios errores. Es más, echó balones fuera. Durante el proceso judicial, que se ha alargado estos cinco años, el PP “quiso responsabilizar al Gobierno de España” del mantenimiento de estas barandillas, y por lo tanto del daño sufrido por las mujeres. La sentencia demuestra que esto es falso.
En este sentido, los socialistas han explicado que la zona pertenece al dominio público marítimo-terrestre, pero tanto el artículo 11 de la Ley de Costas como el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local determinan claramente que “es competencia municipal la seguridad en los lugares públicos”.
Pero pese a todos los informes, tanto en el momento como posteriores, pese a la normativa que establecía que la responsabilidad era del Ayuntamiento, “tanto el alcalde como el resto del equipo de gobierno hicieron caso omiso y prefirieron seguir con su batalla legal para no reconocer su responsabilidad en vez de indemnizar a las víctimas del accidente", ha criticado el PSOE. Cinco años más tarde es un tribunal el que les obliga a asumir su responsabilidad.
