miércoles 08.07.2020
SANIDAD

El PP también llevará a la Fiscalía las irregularidades en contratos del SCS

Fachada de la Consejería de Sanidad
Fachada de la Consejería de Sanidad

Como ya hiciera Izquierda Unida, el PP también ha decidido abrir la vía judicial en el caso de las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, y va a formalizar en los próximos días –el viernes o el lunes "a más tardar"–, una denuncia ante la Fiscalía para que investigue todos los contratos del SCS y el alcance de lo que considera "un escándalo monumental de corrupción". Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la presidenta del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, quien ha afirmado que de la documentación recabada por su partido, que se corresponde sólo con una "muestra" de contratos, se desprenden a su juicio "serios indicios" de posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones. Y ello por "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.

El PP considera que hay indicios de presuntos delitos de malversación cuando se adjudicaron contratos por asistencias técnicas "injustificadas, inexistentes o ficticias" porque "en realidad no había nada sobre lo que asesorar". También ve indicios de que el "uso fraudulento" de la contratación menor, de la que se han beneficiado principalmente tres empresas que son la misma y tienen como administrador al hijo de un alcalde socialista", puede constituir, además de un delito de tráfico de influencias, "un delito de malversación por doble contratación" puesto que "las obras encomendadas a estas empresas ya estaban incluidas en el objeto y el precio de otros contratos suscritos con antelación". Del mismo modo, el PP cree tener indicios de que la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados a los centros pueden constituir un delito de falsedad documental en concurso con usurpación de funciones públicas. "Una actuación que, además, despoja a la administración de las garantías que le asisten en materia de contratación y que pudiera dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de sus responsables", ha dicho Buruaga.

"Ha sido el propio Gobierno el que nos ha abocado y empujado directamente a la Fiscalía"

La presidenta del PP ha asegurado que "no es partidaria de judicializar la vida política" y que "ha tratado de evitarlo por todos los medios". En su opinión, ha sido "el propio Gobierno" el que les ha "abocado y empujado directamente" a la Fiscalía porque han llegado a la conclusión de que "es la única forma de que se abra una investigación real, independiente y transparente". "Hemos dado una oportunidad al presidente –Miguel Ángel Revilla– para que reaccione frente a un caso de presunta corrupción en su Gobierno como nos dijo que haría, pero nos ha defraudado", ha dicho Buruaga, quien ha reprochado a Revilla que su "única respuesta" haya sido "vayan ustedes a la Fiscalía". A la vez, Buruaga ha precisado que la denuncia ante la Fiscalía no supone que el PP abandone la vía política ni renuncie a una respuesta política. En ese sentido, ha dicho que seguirán "señalando" a Revilla y exigiéndole el cese inmediato de la consejera de Sanidad, el gerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS, porque "de lo contrario estará uniendo su destino al suyo". Y seguirán exigiendo que la Intervención General investigue de forma exhaustiva "todos" los contratos del SCS, no sólo los denunciados por el PP, para conocer "el verdadero alcance de este escándalo y poner coto a estas conductas". La presidenta del PP ha reiterado que el expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad "no tiene ninguna credibilidad y no es más que un montaje, un insulto a la inteligencia, una falsa investigación". En su opinión, es "cualquier cosa menos una investigación independiente, cualificada y en profundidad".

Ha añadido que "las pruebas acreditan" que el gerente del SCS y el subdirector de Gestión Económica están "directamente implicados en la trama" y a su entender no pueden seguir al frente de un servicio que mueve unos 800 millones de euros al año. También ha reiterado que lo único que han hecho es "poner en marcha el ventilador y amenazar con llevar a los tribunales a la alta funcionaria que denunció. De igual forma, ha censurado que la consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE), "no sólo tapó" la denuncia de la jefa de Contratación, sino que "urdió una maniobra para enterrarla y desarticular los planes de la Intervención General, censando a los dos máximos responsables de las auditorías". Buruaga ha afirmado que una sola irregularidad de las denunciadas por el PP "merecería la pérdida de confianza política por una cuestión de ética e integridad pública". Sin embargo, ha opinado que el presidente Revilla "está actuando con tibieza cuando lo exigible es contundencia y firmeza", y está "anteponiendo su pacto de gobierno a la defensa de los intereses de los ciudadanos".

Preguntada sobre la posible comisión de investigación en el Parlamento, ha dicho que "confía poco" en las comisiones de investigación porque "no han demostrado que tengan mucha utilidad". En todo caso, ha garantizado que el PP apoyará cualquier iniciativa política que contribuya a "aclarar el alcance de las irregularidades y depurar responsabilidades políticas". Asimismo, ha dicho que el PP va a intentar "proteger al máximo y evitar todo tipo de espectáculo innecesario" en relación a la funcionaria que denunció los hechos en un correo electrónico dirigido a la consejera el pasado 8 de febrero. En ese sentido, ha adelantado que si se plantea su comparecencia en el Parlamento, no la van a apoyar.

Real respeta la decisión del PP

La consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, ha mostrado su "respeto absoluto" por la decisión anunciada este miércoles por el PP de llevar a la Fiscalía las irregularidades denunciadas en contratos del SCS y tacha de "petición política" los ceses solicitados por Buruaga. Real ha respondido así a preguntas de los medios a propósito del anuncio del principal partido de la oposición al Gobierno PRC/PSOE, de trasladar el caso al Ministerio Público, paso que dio IU ya dio la semana pasada. Ahora bien, la consejera ha indicado que la documentación que el PP ha recabado y ha remitido al gabinete del presidente del Ejecutivo, el regionalista Miguel Ángel Revilla, y que se ha incorporado también al expediente informativo abierto en el seno de Sanidad, es la misma que el SCS envió al Parlamento a requerimiento precisamente del Grupo Popular. "La documentación que aporta (el PP) es exclusivamente la propia que ha aportado a su vez el Servicio Cántabro de Salud", ha enfatizado, para precisar que "todos" los expedientes recopilados figuran en los portales de transparencia y del contratante así como en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

"Si existiera alguna ilegalidad, se pedirán las responsabilidades que corresponda"

Real se ha mostrado igualmente sorprendida por el hecho de que el PP pongan "en duda" la actuación del inspector sanitario encargado del expediente informativo abierto. "Me resulta sorprendente que pongan en entredicho la actuación de la inspección de los servicios sanitarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria", ha expresado al respecto. De todos modos, Real ha reiterado que hay que esperar a que finalice dicho expediente y, en función de las conclusiones, su departamento "actuará". Así, si ha habido algún "error, se solventará", y se procederá también para que "no se vuelva a reproducir". Y si "existiera alguna ilegalidad", ha asegurado, se pedirán las "responsabilidades" que corresponda, pero hay que esperar –ha insistido– a las conclusiones del expediente. El resultado dependerá, como ha apuntado, del trabajo del inspector encargado, que es "absolutamente autónomo e independiente". Así, Real no se está "inmiscuyendo" en el procedimiento, porque "no puedo ni debo hacerlo".

Finalmente, sobre los ceses solicitados por Buruaga, que van desde la cúpula del SCS hasta la propia Real, la consejera ha considerado que se trata de una "petición política" que "se explica por sí misma", ha concluido.

IU "se alegra" de que el PP "siga sus pasos"

La coordinadora autonómica de Izquierda Unida, Leticia Martínez, ha manifestado "su alegría" al conocer que el PP "seguirá el camino marcado por IU" y también llevará las presuntas irregularidades denunciadas en el Servicio Cántabro de Salud ante la Fiscalía. En un comunicado, Leticia Martínez "da la bienvenida" al PP y a Buruaga "por dar finalmente el paso" de llevar las presuntas irregularidades en el SCS a la Fiscalía, tal y como IU hizo la pasada semana. "No se explica su tardanza si tan claro lo tenían, pues todo ciudadano tiene el deber de poner en conocimiento de la Justicia o la Policía cualquier indicio de irregularidad o delito nada más conocerse, más si cabe una organización política con la implantación y los recursos que tiene el Partido Popular", añade la líder de IU. Martínez ha explicado que la Fiscalía "tiene atribuida legalmente la obligación de investigación de hechos presuntamente delictivos y las herramientas para hacerlo", por lo que en su opinión, "es allí donde debe desarrollarse y donde primero debía haberse acudido, en lugar de convertir este grave asunto en parte del juego político al que el tripartito PP-PRC-PSOE acostumbran a la ciudadanía de Cantabria". Para IU, "resulta poco creíble la lealtad manifestada por Buruaga hacia el Gobierno", así como "la incredulidad de que éste respondiera a sus exigencias de investigación", un escenario que ha calificado de "teatro del malo".

En oposición al enfoque mostrado por el Partido Popular, Martínez ha defendido que la intención de su formación política es "esclarecer los hechos denunciados porque está en juego la credibilidad de la gestión pública y de la sanidad que pagamos entre todos". En este sentido, no obvia la intención de otros grupos que "de verdad muestran su preocupación por estas denuncias" y confía en que "todos pongan de su parte" para facilitar el trabajo a la Justicia, aportando toda documentación que sea requerida en su caso.