domingo 15.09.2019
SERVICIOS SOCIALES

Un tercio de la población de Cantabria tendrá más de 65 años en 2031

Según un estudio de UGT, en 2031 habrá 162.204 personas mayores de 65 años, que actualmente representan el 75% de los beneficiarios de las prestaciones a la dependencia, que aumentarán a su vez en un 21% dentro de 15 años.

El sindicato estima que la región tendrá que incrementar en 1.500 empleos la actual plantilla de atención a la dependencia, en su mayoría formada por mujeres con escasa cualificación y formación profesional.

UGT estima que serán necesarios 1.500 empleos más en Dependencia para atender la demanda
UGT estima que serán necesarios 1.500 empleos más en Dependencia para atender la demanda

El sindicato UGT estima que Cantabria tendrá que incrementar en 1.500 empleos su actual plantilla de atención a la dependencia, un 25% más que los 6.030 actuales, para satisfacer el progresivo envejecimiento de la población, que según la proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2031, tendrá 162.204 personas de 65 o más años, un 33% más que en la actualidad (122.453).

Según un estudio de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, elaborado con estadísticas oficiales del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, la Seguridad Social y el INE, Cantabria debería contar con una plantilla de 7.551 profesionales de la atención a la dependencia en el horizonte de 2031 para cubrir los ratios actuales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).

Cantabria debería contar con una plantilla de 7.551 profesionales de la atención a la dependencia en el horizonte de 2031

El sindicato estima que este incremento de una cuarta parte de la plantilla actual de la atención a la dependencia en la región implicaría 1.283 empleos más en la nómina de los profesionales del SAAD del Gobierno de Cantabria (pasaría de 5.258 a 6.541) y de 238 más en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de los ayuntamientos (de los 772 actuales a 1.010).

El estudio de UGT refleja que más de un 75% de los beneficiarios de prestaciones de la atención a la dependencia en Cantabria son personas de 65 o más años (11.436 de un total de 15.103), que en el año 2031 representarán casi el 30% de la población estimada por el INE, 162.204 de un total de 545.876, un 9% más que su aportación en la actualidad (122.453 de un total de 580.796).

De todos modos, UGT, que el año pasado inició una campaña "para dignificar" el empleo y acabar con las licitaciones públicas "temerarias" a la baja en el sector de la dependencia, matiza en su informe que Cantabria "tiene el reto de cubrir las necesidades de una población usuaria dependiente que aumentará casi un 21% (de los 15.103 a 18.246 beneficiarios de prestaciones) con más empleos pero de mucha más calidad y mejor remunerados que los actuales para mejorar el servicio".

Al término del segundo trimestre de este año, un total de 6.030 trabajadores cubrían la atención a la dependencia de algo más de 10.800 usuarios del SAAD que requieren de un servicio profesional, incluidos los más de 3.000 adscritos a los ayuntamientos, ya que otros 8.639, también en su gran mayoría de 65 o más años, cuentan con una prestación en la que son cuidados por sus propios familiares.

Los salarios base de la mayoría de trabajadores oscilan entre los 960 y los 975 euros brutos mensuales, aunque en el mejor de los casos no llegan a los 700 euros netos

CASI UN 90% DE EMPLEOS FEMENINOS

Si se tiene en cuenta el perfil actual de los trabajadores de la atención a la dependencia en Cantabria, unos 1.300 de los 1.500 empleos más que necesitará el sector en el horizonte de 2031 serán femeninos, ya que más de un 87% de la plantilla actual del SAAD en el Gobierno regional son mujeres (4.614 de 5.258) con una edad media de 43 años y con escasa cualificación y formación profesional "porque simplemente no la han tenido a su disposición", subraya Margarita Pelayo, responsable regional de UGT en el sector de la dependencia, que emplea en España a unos 200.000 trabajadores, que como en Cantabria son mujeres en cerca de un 90%.

Pelayo matiza que estos trabajadores se rigen por el convenio colectivo estatal de la Dependencia, que no se renueva desde el año 2013, casi en coincidencia con los primeros recortes presupuestarios que aplicó el Gobierno español en la Ley de Dependencia a partir del año 2012.

Según este convenio colectivo, los salarios base de la mayor parte de los trabajadores del sector oscilan entre los 960 y los 975 euros brutos mensuales, aunque como recalca Pelayo, en realidad esos salarios medios no llegan en el mejor de los casos a los 700 euros netos y muchos corresponden a trabajos a tiempo parcial y por horas con remuneraciones medias de entre 300 y 400 euros mensuales.

De todos modos, la responsable regional del sector de la dependencia de UGT critica que "las empresas firman el convenio colectivo pero luego se descuelgan de él (no cumplen sus disposiciones) porque el presupuesto con el que trabajan es claramente insuficiente, lo que está generando más precariedad laboral y una creciente conflictividad, con más denuncias que nunca ante la Inspección de Trabajo".

BAJAS TEMERARIAS

UGT puntualiza en su informe que la mayor parte del empleo en el sector de la dependencia está directa o indirectamente sufragado por las administraciones públicas en licitaciones a empresas privadas "con cada vez menos presupuesto y una dotación económica temeraria y a la baja que no llega a cubrir ni los costes laborales y salariales estipulados por el propio convenio colectivo".

Por ello, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, donde se integran los afiliados del sector de la dependencia, ha iniciado junto con otras entidades del sindicato una campaña para incluir en las licitaciones de servicios públicos cláusulas que salvaguarden los salarios y las condiciones laborales y sociales de los trabajadores implicados.

A esta campaña en las licitaciones públicas se une otra emprendida por el sindicato "para dignificar y humanizar" la profesión de la atención a la dependencia, en especial la de los auxiliares de geriatría y los de ayuda a domicilio, "porque no son las chicas para todo, tienen mucho más que un trabajo, una profesión y muy difícil y compleja", subraya la responsable regional del sector de UGT.

En este sentido, la sindicalista señala que uno de los motivos por los que aún no se ha firmado el nuevo convenio colectivo de este sector es porque "los empresarios pretenden que sus trabajadores de atención a la dependencia hagan un poco de todo para ahorrarse costes, labores de cocina o de limpieza que no les corresponde".

Según la normativa actual, antes del próximo 31 de diciembre todos los trabajadores de la atención a la dependencia deberán contar con una titulación específica o en todo caso acreditar como tal su experiencia profesional, para lo cual UGT ha habilitado una oficina para todos aquellos que lo necesiten, en Cantabria algo más de un centenar profesionales, ha informado el sindicato en nota de prensa.