domingo 12.07.2020
TRIBUNALES

Los testigos señalan que Pernía era el único con facultad para autorizar los pagos del Racing

Francisco Pernía, durante el juicio
Francisco Pernía, durante el juicio

Varios testigos del juicio que se sigue contra el expresidente del Racing Francisco Pernía, por supuesta apropiación indebida y administración desleal, han declarado hoy martes que él, como consejero delegado del club, era el único que tenía competencias para autorizar los pagos. Además, la que fue directora administrativa y gerente del Racing cuando Pernía llegó al cargo, Ana María Castanedo, ha asegurado que desde su departamento "jamás se ha pagado absolutamente nada sin que estuviera registrado y contabilizado", y que "no se daba un paso sin que lo autorizase el presidente". También ha manifestado que las transferencias que se realizaban a otras cuentas no siempre respondían a facturas o tenían un "respaldo" documental, y ha reconocido que se enviaron más de 400.000 euros a una de las dos cuentas que se crearon en Brasil cuando se constituyó la escuela Racing Primavera para formar a jugadores. Asimismo, ha insistido en que los mandatos de pago eran "órdenes directas" del presidente y ha indicado que, durante los 30 años que trabajó en el Racing, Pernía –para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel– fue el único directivo que utilizó una tarjeta de crédito con cargo al club, con la que pagaba "gastos de hoteles, aviones, restaurantes, gasolina", etcétera.

Aunque ha habido algunas contradicciones entre ellos, todos han coincidido en que "quien manejaba los dineros era Pernía"

Castanedo ha sido la primera en declarar hoy en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria, seguida por otros testigos que tuvieron cargos en el club en los años en los que Pernía fue su presidente y consejero delegado, entre 2006 y 2011, como Jesús Merino (secretario técnico del club y futbolista), Roberto Bedoya (director judicial y secretario del Consejo) o Jacobo Montalvo (propietario de Silver Eagle, accionista mayoritario del Racing). Aunque ha habido algunas contradicciones entre ellos, todos han coincidido en que "quien manejaba los dineros era Pernía", ya que "la facultad para autorizar el gasto la tenía el consejero delegado". En concreto, Pernía está acusado de apropiación indebida en relación a la escuela de fútbol Racing Primavera en Brasil, y por administración desleal por la compra de un coche de lujo con cargo al club para uso exclusivo y por la indemnización de 100.000 euros a Galería Culturas, de José Campos, por rescisión contractual. Junto a él, están acusados también los agentes Juan Vergara e Iñaki Urquijo, este último responsable de la escuela brasileña.

En relación al Racing Primavera, la antigua gerente ha corroborado parte de la versión que dio ayer Pernía, que indicó que Urquijo había adelantado dinero para el proyecto a través de su empresa Sport Rent Consulting y que por ello después giró las facturas al equipo. Sin embargo, ha dicho que no sabe "nada de Brasil" porque no recibía los justificantes de los gastos, y que "lo único" que archivó en relación a la escuela fue el documento de su creación. "Lo único que vi fueron unas fotografías de unos jugadores", ha dicho. En este sentido, Merino ha añadido que consideró la escuela como algo "interesante" si se gestionaba bien, pero, a su juicio, "aquí no fue el caso". Además, ha señalado que su departamento no tuvo conocimiento de cuánto tiempo estuvo activa y que él no la visitó ni se le pidió valorar a los jugadores. "Si la intención era la de llevar jugadores al Racing, tendría que haber pasado por Secretaría Técnica", ha sentenciado. También Montalvo, como expropietario del Racing, ha manifestado que le pareció "muy interesante" el proyecto al igual que a su padre, entonces presidente del grupo Silver Eagle, que fue uno de los que viajó a Brasil. "El retorno de la inversión, yo lo veía clarísimo. Yo le dije, Francisco, con que salga un jugador medio bueno, hemos triplicado la inversión", ha dicho. Sin embargo, también ha indicado que Urquijo, que se encargaba de la escuela en el municipio de Indaiatuba, le dio a entender que "alguno se había llevado el dinero por el camino, porque no llegaba lo que tenía que llegar".

Algunos testigos han dicho que la compra del Audi S8 fue decisión de Pernía, sin decidirse en el Consejo como declaró ayer, y que lo usó él "desde el minuto uno"

En cuanto a la compra del Audi S8, algunos testigos han dicho que fue decisión de Pernía, sin decidirse en el Consejo como declaró ayer, y que lo usó él "desde el minuto uno", mientras otros han indicado que se compró inicialmente para el jugador Nikola Zigic. Debido a esta adquisición, los abogados de la acusación –ejercida por el Racing, la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Racing (AUPA) y la Asociación de Exjugadores del Racing– les han preguntado por la situación económica del club, y todos ellos han coincidido en que, durante toda su historia, "siempre ha sido difícil". Además, Castanedo ha señalado que el Gobierno de Cantabria se hizo cargo en 2006 de la deuda bancaria del Racing mediante el préstamo de 17 millones de euros y, en junio de 2008, había ya un desfase del fondo de maniobra de 14 millones de euros.

Por otro lado, sobre el contrato a la empresa de José Campos, han explicado que existió una relación comercial pero no se firmó un contrato. Según Bedoya, que negoció después la indemnización con el abogado de Campos por rescindir el acuerdo antes de tiempo, el contrato era "perfectamente válido" y se estableció hasta que se cumpliera el centenario del equipo, es decir, por seis años. Además, ha explicado que la decisión de fijar la cuantía de la indemnización en 100.000 euros a Campos la tomó Pernía, pero bajo su asesoramiento jurídico y teniendo en cuenta lo que cobraba –unos 8.000 euros al mes– y la duración del contrato. "A mí me pareció correcto", ha dicho.

El juicio contra Pernía, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión y una indemnización de más de 410.000 euros, continuará mañana miércoles y se prolongará hasta el 23 de enero. El Racing pide para él también seis años de cárcel y multa de 10.800 euros, mientras que la asociación de exjugadores y la de pequeños accionistas (AUPA) solicitan ocho años y medio cada una y 3.240 euros.

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