El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que señala que en el Ayuntamiento de Santander no se realizaron actuaciones de control financiero en los ejercicios 2014 y 2015, por lo que no se ejerció una de las modalidades de control interno previstas en la Ley de Haciendas Locales, y, por tanto, no existía "un control de eficacia o eficiencia". "Ello implica que disponía de un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la actuación de la entidad". Así lo señala el Tribunal de Cuentas en el informe aprobado por el Pleno en relación al 'Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas'.
El Ayuntamiento remitió la información correspondiente a ambos ejercicios el 30 de mayo de 2016
En el caso del Ayuntamiento de Santander, el Tribunal de Cuentas indica que éste remitió fuera de plazo la información prevista en la Ley de Haciendas Locales correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. En concreto, remitió la información correspondiente a ambos ejercicios el 30 de mayo de 2016, cuando el plazo finalizaba el 15 de octubre de 2015 y el 30 de abril de 2016, para 2014 y 2015, respectivamente. Por lo que se refiere al sistema de control interno utilizado, el tribunal señala que el Ayuntamiento aplicó en los dos ejercicios un sistema de fiscalización previa plena que consistía en la comprobación por parte del órgano de Intervención de la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento; y que, como se ha dicho, no se realizaron actuaciones de control financiero.
El Ayuntamiento de Santander ha alegado al respecto que no tiene fijado de forma sistemática un control financiero posterior, "cuyo establecimiento habrá de sujetarse a las directrices del Real Decreto de 28 de abril, una vez se produzca su entrada en vigor el 1 de julio de 2018". No obstante, el Consistorio remarca que la Intervención municipal ha realizado "el control financiero permanente en los aspectos económicos, presupuestarios y contables, durante los ejercicios 2014 y 2015", mediante los informes establecidos en la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y el Reglamento de estabilidad para las Entidades Locales a través de los informes trimestrales y anuales sobre ejecución y liquidación presupuestaria. También ha realizado los informes de control de la morosidad y la deuda comercial establecidos por ley; y los preceptivos informes de control de cumplimiento del Plan de Ajuste. Asimismo, en otros ejercicios, "de manera puntual", se han realizado informes de control financiero de concesiones de servicio (abastecimiento de aguas), aparcamientos públicos, tasas regionales de recogida de basuras, concesiones del espacio público para espacios publicitarios, régimen de encomiendas de gestión, régimen de subvenciones a entidades vecinales, etcétera. Y finalmente apunta el Ayuntamiento que "si bien la normativa de aplicación excluye de fiscalización previa los gastos menores, éstos son objeto de dicho sistema de control".
Por ejercicios, en 2015, el Tribunal de Cuentas señala que la Intervención municipal certificó que no se habían adoptado acuerdos contrarios a reparos y que no se habían concluido expedientes con omisión de fiscalización previa. En 2014, sin embargo, las obligaciones que se reconocieron mediante expedientes en los que se había omitido la fiscalización previa se originaron, en su totalidad, como consecuencia de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para reconocer obligaciones por importe de 73.287 euros, correspondientes a obras adicionales de acondicionamiento de la calle La Montañesa y Río Cubas, aprobado por el Pleno el 27 de marzo de 2014.
