viernes 7/8/20
ADMINISTRACIÓN

El Tribunal de Cuentas dice que cuatro organismos autónomos del Gobierno de Cantabria, entre ellos el Servicio Cántabro de Salud, “siguen sin elaborar cuentas específicas”

Tribunal de Cuentas
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El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 2017, en el que señala, como ya hizo en el informe del año anterior, que cuatro organismos autónomos del Gobierno de Cantabria "siguen sin elaborar cuentas específicas", integrándose en las de la Administración General. Se trata del Servicio Cántabro de Salud (SCS), el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), a los que insta a dotar de medios con el fin de hacer posible que dichas entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren, por separado, la imagen fiel de su patrimonio y situación financiera.

En el ejercicio de 2017 se dejaron de imputar gastos por importe de 179,1 millones de euros al Presupuesto de Cantabria

El Tribunal de Cuentas también destaca que en el ejercicio de 2017 se dejaron de imputar gastos por importe de 179,1 millones de euros al Presupuesto de Cantabria, mientras que se aplicaron otros de ejercicios anteriores por 159,2. Según el tribunal, estas actuaciones no respetan el principio de temporalidad recogido en la Ley de Finanzas de Cantabria, aunque están amparadas en las salvedades establecidas en esta misma norma.

Esta es una de las conclusiones del informe sobre las cuentas de la Administración general y de las entidades del sector público autonómico de Cantabria de 2017, que en general se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido. No obstante, el Tribunal de Cuentas advierte de que la estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2016 no responde a lo dispuesto en la Ley de Finanzas de Cantabria, ya que no presenta las subcuentas que la debían conformar, ni de forma agregada ni consolidada. Por su parte, la deuda de la comunidad autónoma al cierre de 2017, situada dentro del objetivo, ascendía a 3.033 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas también señala que la superación del periodo medio de pago a proveedores de 30 días, en todos los meses del ejercicio 2017 –salvo septiembre–, afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera, sin que, a la vista de ello, se produjera la actualización del plan de tesorería conforme a las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En relación con las medidas tomadas por la comunidad autónoma para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe anual de fiscalización del ejercicio 2015, reiteradas en gran medida en el Informe del ejercicio 2016, se pone de manifiesto que en general no se han apreciado avances reseñables, por lo que, a la vista de su grado de implantación, se reiteran en el presente informe.

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