El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dado la razón a Fadesa en el pleito que inició contra el Ayuntamiento de Piélagos cuando éste le reclamó 3,77 millones de euros por los costes de la demolición de las viviendas del Alto del Cuco, declaradas ilegales por el TSJC y el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha admitido el recurso de la constructora, ha revocado la sentencia dictada en sentido contrario por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander y ha anulado la resolución de la Alcaldía de mayo de 2017 que ordenaba la emisión a Martin Fadesa S.A. de la liquidación de un primer pago de 376.524 euros por los costes asumidos por el Consistorio en ejecución de las sentencias que anularon las licencias urbanísticas derivadas del plan parcial del Alto del Cuco.
El Ayuntamiento emitió en junio del mismo año la liquidación de dicha cantidad, contra la que la empresa planteó recurso de reposición por considerarla contraria a Derecho, y que fue desestimado en septiembre por el Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander también desestimó el recurso, pero ahora, el TSJC da la razón a la empresa al entender que a los actos impugnados "les falta cobertura jurídica", en una sentencia fechada el 26 de noviembre que además condena al Ayuntamiento a pagar las costas del recurso contencioso administrativo de origen.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que Fadesa reclamó en el año 2012 al Ayuntamiento responsabilidad patrimonial por los daños causados a consecuencia de la anulación judicial de las licencias otorgadas por aquél en el marco del Plan Parcial del Alto del Cuco. La sala señala que dicha reclamación "no ha sido resuelta expresamente" y que "no consta, siquiera, que se haya iniciado el procedimiento administrativo correspondiente a tal reclamación".
Dado que el Ayuntamiento considera que el responsable es la propia constructora, dice la sentencia, "podía haber fundado una resolución desestimatoria de la reclamación que hizo la demandante en el año 2012", pero no sólo no lo hace, sino que la resolución de mayo de 2017 "pasa, sin solución de continuidad, dando un salto desde la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración a la responsabilidad de la demandante, a declarar que ésta es deudora de aquél por una determinada cantidad por el perjuicio económico que la ejecución de las sentencias anulatorias de las licencias ha ocasionado al ente local. "Es un salto en el vacío, sin cobertura procedimental y sin título jurídico. Un salto, formal y sustancialmente, injustificado, en suma", añade. El TSJC subraya que el obligado a llevar a cabo la demolición de las edificaciones y restauración del terreno del Alto del Cuco era el Ayuntamiento, "y lo era de forma directa", como autor de las licencias anuladas, "no de forma subsidiaria, en defecto de la demandante, como parece querer dar a entender el ente local".
Recuerda además que el propio Ayuntamiento asumió esa obligación y para su cumplimiento llegó a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria, -"no vinculante" para Fadesa-, "del que deriva la asunción por el ente local de una carga económica que pretende trasladar, sin fundamento jurídicamente admisible, a la demandante a través de los actos impugnados".
El TSJC concluye que si el Ayuntamiento atribuye la responsabilidad de la anulación judicial a la constructora, tal eventual responsabilidad conduciría a negar a ésta el derecho a indemnización por los daños irrogados por la anulación judicial de las licencias, "pero cosa bien distinta es la declaración de la obligación de la demandante de costear la actuación necesaria para ejecutar las sentencias judiciales (demolición y restitución)". "Son dos instituciones distintas, dos caminos diferentes", finaliza.
La sentencia del TSJC es del 26 noviembre. El día 5 de ese mismo mes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander celebró la prueba pericial por la reclamación patrimonial de casi 70 millones que la promotora Martinsa-Fadesa hace al Ayuntamiento de Piélagos por las 214 viviendas del Alto del Cuco declaradas ilegales y derribadas, sobre la que todavía no se ha dictado sentencia, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
