El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ordenado la paralización cautelar de las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera por posible afectación a valores medioambientales protegidos y riesgo de daño en la zona donde se construye este proyecto. Así lo señala la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto en el que acuerda suspender de forma temporal la ejecución de esta actuación, promovida por el Gobierno de Cantabria, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que integran la Plataforma contra el Superpuerto. La resolución se ha adoptado con el voto particular de una magistrada, Esther Castanedo García, de los tres que componen la Sala, y que considera que sería preciso fijar una caución o garantía a la que condicionar la efectividad de la medida cautelar, bien fijando unas bases para su determinación –dando incluso traslado a las partes para alegaciones– o bien fijándolas directamente a tanto alzado. El TSJC ha acordado la suspensión cautelar del puerto barquereño atendiendo a una petición de Ecologistas en Acción, ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea irreparable cuando finalice la denuncia contra el proyecto, por lo que se dictamina su paralización temporal para evitar esos perjuicios. Y es que la infraestructura se construye sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 'Rías Occidentales y Dunas de Oyambre', área que también fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque Natural de Oyambre. Así, aunque el Gobierno autonómico consideró en la Declaración de Impacto Ambiental que no se producían afecciones, el TSJC precisa que esto no supone "sin más" la viabilidad ambiental del proyecto. "El que la Declaración de Impacto Ambiental no se oponga a la realización del proyecto y el informe sobredicho sea favorable, no significa que debamos, sin más, concluir que no concurre el presupuesto de la medida cautelar pretendida por la actora", señala la sala en el auto.
La Plataforma contra el Superpuerto lamenta que "en lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia", la Consejería de Obras Públicas "se ha embarcado en una huida hacia adelante"
Por su parte, la Plataforma contra el Superpuerto señala en un comunicado que este hecho, "reiterado hasta la saciedad a las autoridades, es clave", dado que, a su juicio, "el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas". "Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros", denuncia el colectivo, que como alternativa plantea la ampliación hasta 80 amarres y que parte del presupuesto se dedicara a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños. La Plataforma contra el Superpuerto lamenta que "en lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia", la Consejería de Obras Públicas "se ha embarcado en una huida hacia adelante que ahora se topa con esta paralización".
En cuanto al auto, en el mismo se enumeran distintos efectos sobre el medio ambiente, como los dragados para la zona de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles. Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto "destruye" dos hábitats de interés comunitario, cuestión que desde la plataforma denunciante han mantenido a lo largo de todo el proceso y que una de las organizaciones miembro, IU Cantabria, ya presentó en el Parlamento Europeo. Por tanto, al considerarse que tendría consecuencias sobre el medio ambiente y ante el "riesgo" de otros perjuicios, el TSJC opta por paralizar las obras hasta que se decida si estos efectos cumplen o no la ley. "La evidencia que la Declaración de Impacto Ambiental y demás informes permiten afirmar de la afectación del proyecto a los valores ambientales protegidos mediante la constitución del LIC y el ZEC, unida a que esa afectación, podemos considerar a efectos cautelares y sin prejuzgar el fondo, se concreta en daños relevantes e inmediatos (desaparición de los hábitats referidos) y en un riesgo cierto de otros años (el proveniente de las alteraciones consecuentes a los dragados y el peligro de la contaminación de las aguas) permiten aseverar la concurrencia del presupuesto de la tutela cautelar (el peligro de la mora)", argumenta el TSJC. "Cosa distinta –prosigue el auto– es que esos riesgos y perjuicios sean jurídicamente asumibles y no determinen anulación de la resolución recurrida. Pero esto es cuestión de fondo que no cabe resolver ahora, ni siquiera anticipar".
IU Cantabria: "El esperpento que quieren poner en mitad de la ría San Vicente y que ahora un juez manda paralizar lleva la firma de Mazón"
Por su parte, IU Cantabria ha anunciado en un comunicado que volverá a pedir al Parlamento Europeo que se posicione en relación al puerto. La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha mostrado su "alegría" al conocer el auto judicial, debido a que la paralización da "veracidad al relato" de la plataforma, que "siempre ha buscado el desarrollo local de San Vicente de forma respetuosa con el medio y que ofrezca garantías sociales a sus habitantes". Pese a las alternativas propuestas tanto por el colectivo como por IU a través de Martín Chaves, concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural en el Ayuntamiento barquereño en la pasada legislatura, el Gobierno autonómico y el resto de partidos de la Corporación local de entonces –PP, PRC y PSOE– "no mostraron ni una sola pega al proyecto del puerto que ahora los tribunales han paralizado". "El esperpento que quieren poner en mitad de la ría San Vicente y que ahora un juez manda paralizar lleva la firma de José María Mazón como consejero de Obras Públicas en la pasada legislatura", indica Martínez, quien considera que el hoy diputado en el Congreso y que "se queja cuando el tren le deja tirado" ha enfocado toda su trayectoria política a "la macroconstrucción y el despilfarro mientras olvidaba las verdaderas necesidades que tienen las cercanías y el tren". Y, agrega, con el "beneplácito" del presidente autonómico y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, "se han cometido en Cantabria las mayores barbaridades urbanísticas y aquí no pasa nada".
Paralización provisional
El Gobierno de Cantabria ha paralizado provisionalmente las obras de ampliación del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, cumpliendo así con el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que sin valorar "el fondo" del asunto ni pronunciarse acerca de quién tiene o no razón, se limita a expresar que carecería de sentido la demanda si la obra es ejecutada antes del proceso judicial, especialmente con los dragados. En este sentido, y en un comunicado, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha señalado que los dragados aún no se habían llevado a cabo, por lo que el director de la obra ya ha ordenado al contratista que no se prosigan los trabajos y que se mantenga la zona en condiciones seguras, pues al desarrollarse la actuación en el Parque de Oyambre el auto considera que es preferible su paralización a la espera de juicio.
Al margen, el auto judicial también ha confirmado la existencia de los informes ambientales necesarios para realizar este tipo de actuación. Pero "como el objetivo en estos momentos no es valorar quién tiene aparentemente razón, sino el riesgo de que la demanda carezca de objeto una vez construida la infraestructura", el Gobierno autonómico confía en que la ampliación del puerto deportivo sea "viable", ya que todo el procedimiento administrativo se ha realizado "correctamente". No obstante, y ante esta situación "temporal", la Consejería de Obras Públicas va a solicitar un "incidente de ejecución" para concluir las aceras del paseo marítimo con el objetivo de evitar "cualquier tipo de riesgo innecesario" para los vecinos y turistas de la zona, especialmente de cara al verano. En este sentido, la Administración autonómica cree que TSJC y Ecologistas en Acción serán "sensibles" a esta demanda, pues "no produce ningún daño ambiental". Asimismo, ante la existencia de un voto particular a que se establezca una caución a Ecologistas en Acción, el Gobierno va a solicitar la misma en el TSJC para hacer frente a los posibles perjuicios que se puedan producir de este hecho.
