La Sección de Enseñanza Concertada de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha solicitado a la Consejería de Educación que supervise el despido de 16 docentes de centros concertados de Cantabria financiados con dinero público entre junio de 2016 y el mismo mes de este año.
El sindicato ha asegurado, en un comunicado, "que la mayor parte de estos despidos se han producido por supuestos motivos disciplinarios difícilmente justificables y que han sido reconocidos como improcedentes por el propio centro educativo con el pago de la indemnización correspondiente, o bien, han sido declarados como tales por una sentencia judicial".
Además, UGT ha opinado que en la enseñanza concertada "se está produciendo un goteo de casos de confrontación laboral con un excesivo número de despidos en el pasado curso académico que no se había observado hasta ahora". Además, ha señalado que a los 16 despidos conocidos podrían sumarse algunos casos más en centros concertados sin representación sindical.
Uno de los principios y objetivos básicos de la vigente Ley de Conciertos Educativos es precisamente la estabilidad de las plantillas docentes
La sección de Enseñanza Concertada de UGT recuerda al respecto que en el último año se han registrado "sorprendentes despidos" a mitad de curso y varios casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo como reducciones de jornada y hasta despido de docentes en período de prueba, dice, "sin causa aparente".
"No se trata de despidos puntuales, sino más bien una estrategia para ahorrar costes que afecta en muchos casos a docentes con muchos años de experiencia en el propio centro que les expulsa, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad", ha opinado el sindicato.
A la vista de ello, UGT ha mostrado su "preocupación" por "este creciente número de despidos de docentes de centros concertados con las fórmulas propias habilitadas por la última reforma laboral" y ha recordado a la Consejería de Educación su "obligación" de vigilar la selección y el despido del profesorado en aquellos centros financiados con fondos públicos.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONCIERTOS
Además, el sindicato ha señalado que "uno de los principios y objetivos básicos de la vigente Ley de Conciertos Educativos es precisamente la estabilidad de las plantillas docentes" y que la propia normativa legal estipula la competencia de la Administración educativa al respecto.
En este sentido, el sindicato recuerda a la Consejería de Educación que, aunque los centros concertados son empresas privadas se financian con fondos públicos y que el artículo 62 de la mencionada Ley de Conciertos Educativos establece como causa de incumplimiento del concierto "despidos del profesorado cuando aquellos hayan sido declarados improcedentes por sentencia de la jurisdicción competente".
