El sindicato UGT ha comenzado una campaña autonómica para incluir en los pliegos de licitaciones de servicios públicos a empresas privadas ocho cláusulas que "garanticen y salvaguarden" los derechos laborales, sociales y económicos de los 13.000 trabajadores que en Cantabria están adscritos a estas empresas concesionarias y que representan el 28% de los trabajadores vinculados a las administraciones públicas. El sindicato ya mantuvo contactos al respecto con el Gobierno de Cantabria a finales del año pasado, cuando éste adjudicó el servicio de vigilancia, y hasta el momento ha tenido reuniones con la Consejería de Presidencia y con la de Sanidad (este pasado lunes) del Ejecutivo autonómico. Además, las ocho cláusulas planteadas por UGT se remitirán en breve a la Federación Cántabra de Municipios para que se debatan en el Pleno de este organismo.
Según han explicado en rueda de prensa los secretarios generales de las federaciones autonómicas de UGT de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), Luis Clemente; su homólogo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), José Giráldez; y el secretario de Salud Laboral e Institucional de esta última, Pedro Cobo, el objetivo de esta campaña es evitar la "creciente conflictividad laboral en estas empresas y garantizar una contratación pública sostenible". "Tenemos que buscar un pacto necesario entre las administraciones y los sindicatos para que haya discriminación positiva y se prime la concesión a empresas que antepongan el empleo de calidad, la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad del empleo", ha subrayado Clemente. El responsable autonómico de FeSMC de UGT ha denunciado que hay empresas que ofertan a las administraciones públicas un presupuesto temerario para conseguir la concesión en un pliego de condiciones donde se establecen las pautas económicas y el servicio a realizar, pero donde no se garantizan las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, "tal y como se está viendo en muchos conflictos laborales". Su homólogo de la federación ugetista del sector público ha precisado que UGT "es partidaria de no externalizar servicios públicos a empresas privadas", aunque ha reconocido que "es inevitable", por lo que se trata de "paliar las deficiencias" de este sistema, que actualmente favorece por ley a las empresas con la oferta económica más ventajosa, "pero toda contratación pública tiene que responder al interés general, incluido el de los trabajadores". Los dirigentes de UGT han confiado en que las diferentes administraciones públicas de Cantabria "tengan la suficiente sensibilidad en algo tan importante" y asuman la mayoría de propuestas. "Algunas, sí o sí, las van a tener que aceptar; otras serán más reticentes pero somos optimistas", ha declarado Clemente.
Ocho cláusulas
La propuesta de UGT consiste en ocho cláusulas a incluir en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas "para garantizar un servicio de calidad y un empleo de calidad", según Cobo. El secretario de Salud Laboral e Institucional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha repasado las cláusulas que aluden al cumplimiento del convenio colectivo, el pago de salarios, los límites en los precios de adjudicación, la valoración de las ofertas temerarias, determinados criterios de exclusión en caso de incumplimiento, normas que prohíban la subcontratación, las condiciones de subrogación y el seguimiento y control de la adjudicación. En este sentido, el sindicalista ha defendido la necesidad de crear un organismo que haga un seguimiento y un control detallados de la adjudicación porque "los pliegos de condiciones pueden ser magníficos pero de nada sirven si luego no se cumplen".
UGT propone que los precios de adjudicación del servicio nunca estén por debajo del coste del convenio colectivo de aquellos trabajadores que lo desarrollen y extienden esta responsabilidad a la propia administración pública para que "exista una dotación presupuestaria acorde con el coste del convenio". Además, aspira a incluir en las licitaciones públicas la obligación de presentar una certificación mensual que garantice que los trabajadores están al día en el pago de sus salarios y en caso contrario, tras dos meses, se pueda rescindir el contrato, lo que en su opinión permitiría evitar, por ejemplo, el conflicto que recientemente se originó en la empresa de limpieza del Museo de Altamira, ha recordado Cobo.
La propuesta también apela a no limitar la adjudicación al único criterio de la valoración económica, de modo que el precio final no supere el 50% de la valoración y el resto puede destinarse a mejoras sociolaborales, promoción de igualdad, empresas de inserción o a trabajadores con discapacidad. El sindicato agrega a sus propuestas descartar ofertas presupuestarias de empresas "que se compruebe que son anormalmente bajas", la extinción de contrato con la empresa adjudicataria si existen incumplimientos del pliego de condiciones y no limitar la sanción por ello a una cuantía económica, la prohibición de la subcontratación y garantías de subrogación de las plantillas cuando cambie la empresa concesionaria en aquellos sectores donde no venga recogido en su convenio colectivo.
