El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la creación de una comisión de investigación que analizará las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en el periodo de 2011 a 2017, tanto con el actual Gobierno como el anterior, tal y como habían propuesto inicialmente todos los grupos menos el PP, que en una principio anunció que se abstendría pero finalmente hace unos días cambió de postura y hoy ha dicho 'sí'. El PP había promovido una comisión de investigación alternativa que limitaba el periodo a analizar desde el 8 de febrero –fecha en la que la consejera de Sanidad, Luisa Real (PSOE), recibió el correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, en el que le advertía de supuestas irregularidades– hasta la actualidad para conocer cómo había actuado en este tiempo el bipartito en relación a esas denuncias. Finalmente, la comisión del PP no ha sido aprobada, puesto que solo ha tenido el apoyo del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos. El resto de grupos ha dicho 'no' y algunos, como Podemos, lo han calificado de "tomadura de pelo" dirigida a generar un "circo político sin entrar a investigar el fondo" ni de cuándo viene el problema "para zanjarlo de una vez por todas". PRC y PSOE han opinado que la propuesta por populares es una comisión "a la carta", "con fines interesados" y diseñada "contra" la consejera. "¿A quién han denunciado? ¿A Isabel Pantoja?", ha preguntado irónicamente el portavoz del PP de Cantabria y diputado, Íñigo Fernández, tras escuchar estas afirmaciones.
Podemos insiste en que en el SCS se implantó con el PP un proceso de contratación irregular que ha pervivido hasta la actualidad
Pese a la unanimidad a la hora de votar sobre esta comisión, durante el debate los grupos han puesto en evidencia sus discrepancias sobre el funcionamiento del SCS, ya que mientras que PRC y PSOE han justificado su apoyo a la comisión basándose en la transparencia y han asegurado que en el Servicio en esta legislatura no hay "nada que ocultar", los grupos de la oposición han insistido en la existencia de irregularidades y persisten en su reclamación de cese de Real. De hecho, varios también han cuestionado la utilidad de la comisión, como Carrancio, que ha reconocido tener "esperanzas limitadas" ya que cree que va a quedar "inconclusa" cuando acabe la legislatura o se va a cerrar "en falso", y también el PP, que insiste en que es una comisión "imposible" por el volumen de contratos a analizar. Además, el PP ha insistido en que la comisión aprobada, y pese a haber dado su voto, es una "cortina de humo" en favor de Real, que sirve para dar "respiración asistida" a la consejera para "ganar tiempo" hasta las elecciones y para permitir a la consejera "sobrevivir". Varios de los grupos han aludido al "cambio de opinión" y la "vuelta de tuerca" del PP sobre su postura a la comisión para analizar el periodo de 2011 a 2017. Para el PRC, el PP ha votado sí a la comisión "tapándose la nariz" y "cerrando los ojos" para "revertir" su "inadmisible" postura en este asunto. Podemos ha insistido en que en el SCS se implantó en la pasada legislatura, con el PP, un proceso de contratación irregular y "normalizado" que ha pervivido, a su juicio, hasta la actualidad, por lo que considera necesario analizar la contratación en el servicio desde 2011.
Por otro lado, el diputado de la formación morada José Ramón Blanco ha anunciado que este martes, 25 de septiembre, registrará la solicitud de comparecencia en la Comisión de Economía del interventor general de la comunidad autónoma, Pedro Pérez Eslava, después de que un medio de comunicación haya publicado que se niega a auditar más contratos del SCS por falta de recursos. Tras estas manifestaciones, Podemos quiere que el interventor explique la situación en que se encuentra la Intervención para realizar su trabajo y las "necesidades" de su departamento.
