La matanza del cerdo en el domicilio –fuera de los mataderos– para autoconsumo es una vieja tradición otrora muy extendida –históricamente ha constituido una de las principales fuentes de alimentación de las familias de muchos núcleos rurales– que no sólo se niega a desaparecer sino que aún conserva cierto arraigo en diversas zonas del interior de Cantabria y en otras comunidades autónomas durante el otoño y el invierno. Aunque no está exenta de riesgos sanitarios –el consumo de su carne y sus productos derivados en ocasiones aparece ligado a enfermedades transmisibles como la triquinelosis o la cisticercosis– ni de críticas procedentes de los sectores más combativos contra el sufrimiento animal.
En Cantabria, la matanza está permitida en el territorio de los ayuntamientos que soliciten autorización al Gobierno autonómico. Esos ayuntamientos podrán pedir –en cada temporada de matanza, es decir entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo del año siguiente– autorización al Gobierno para que los residentes en el municipio interesados en matar un cerdo en el domicilio para su consumo individual o familiar puedan hacerlo. A su vez, esos interesados deberán solicitar autorización al ayuntamiento con al menos tres días de antelación a la fecha prevista para la matanza, y el ayuntamiento –que deberá tener a su disposición una lista de veterinarios colaboradores– les expedirá la correspondiente autorización si cumplen una serie de requisitos.
En este sentido, el Gobierno autonómico ha establecido por un lado que los interesados “deberán cumplir con las condiciones de bienestar animal durante el sacrificio de los cerdos” para evitar el “sufrimiento innecesario del animal” y por otro lado que el veterinario colaborador “deberá realizar la inspección post mortem y la investigación de triquina en los cerdos sacrificados”. Además, está prohibido realizar la matanza del cerdo “como espectáculo público” y ni la carne ni los productos derivados de ella pueden ser comercializados “de ninguna manera”, es decir que no pueden ser vendidos ni a establecimientos –incluidas carnicerías y establecimientos hosteleros– ni directamente a los consumidores.
Aun así, el partido animalista PACMA asegura en su informe ‘Análisis sobre las matanzas domiciliarias de cerdos’ –elaborado por el veterinario Alfonso Senovilla y publicado en diciembre de 2016– que muchas matanzas del cerdo en el domicilio están yendo tanto contra las demandas sociales como contra la normativa europea, es decir que “no son acordes con nuestro tiempo y conllevan incumplimientos legislativos”. Y es que el PACMA ha documentado matanzas con cerdos arrastrados o levantados “asiéndolos por las orejas o la cola y utilizando elementos que causan heridas y dolor”, ausencia de “métodos de aturdimiento” y de “herramientas oportunas” o matarifes que demuestran “falta de pericia y competencia”, por lo que concluye que provocan un “enorme padecimiento” a los animales sacrificados y conllevan prácticas “ilegales”.
