La Universidad de Cantabria (UC) vuelve a estar en el punto de mira por presuntas irregularidades de su Personal Docente e Investigador (PDI). Menos de quince días después de que se conociera que la institución había suspendido a un administrativo por un supuesto delito de desvío de fondos y falsedad documental, iniciando el correspondiente expediente disciplinario, la UC revela la apertura de otro para confirmar otra irregularidad administrativa, que no especifica en nota de prensa.
La intención de la Universidad es definir si “efectivamente los hechos son constitutivos de falta” y poder, de este modo, proceder a la sanción correspondiente. En cualquier caso, y según explica en el comunicado, “es una acción puntual” y no está relacionada con la “secuencia detectada la semana pasada”, en referencia al presunto desvío de fondos que está siendo investigado “por vía judicial”.
La UC revela la apertura de otro expediente para confirmar otra irregularidad administrativa, que no especifica en nota de prensa
Asimismo, la UC ha anunciado que va a llevar a cabo una “serie de actuaciones informativas” que complementen a los expedientes ya abiertos y que permitan “detectar posibles fisuras en el proceso de control”.
Desvío de fondos
A pesar de que el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, aseguraba después de conocerse el posible desvío de fondos que era un “incidente aislado”, la detección de una nueva irregularidad ha despertado muchas alarmas.
Ha revelado “serios indicios” de que la cantidad podría haber alcanzado los 39.000 euros, destinados al pago de profesores invitados a impartir clases
El expediente de información abierto ahora en relación al desvío de fondos ha revelado “serios indicios” de que la cantidad podría haber alcanzado los 39.000 euros, destinados al pago de profesores invitados a impartir clases de diferentes másteres, y que evitaron los “mecanismos de control de la institución mediante la falsificación de firmas”.
Según la propia Universidad, el pasado 30 de noviembre se tuvo conocimiento de este presunto delito a raíz de una investigación de la Guardia Civil sobre una causa distinta en la que está inmerso el funcionario.
Las conclusiones del expediente de información reservada se han puesto en conocimiento de la Fiscalía, suspendiendo al funcionario provisionalmente.
Presiones por una plaza
Y no es la primera vez que se conocen prácticas irregulares dentro del seno de la UC.
En octubre de 2015, bajo la dirección de José Carlos Gómez Sal, la UC abrió expediente al catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Joaquín Mantecón, por las presiones que ejerció sobre un profesor para que no optara a una plaza de ayudante que estaba pensada para el que había sido su ayudante durante los últimos años, y al que finalmente fue asignada.
“Haré todo lo que esté en mi mano para que la plaza sea para Enrique porque se lo merece”
Las denuncias presentadas por este profesor de la Universidad de Bolonia estuvieron acompañadas de correos electrónicos en los que el catedrático afirmaba que “la plaza la hemos sacado para él”, en referencia a su ayudante, o “haré todo lo que esté en mi mano para que la plaza sea para Enrique porque se lo merece”. Tras la investigación iniciada por la UC, la adjudicación de la plaza fue anulada.
