El Gobierno ha encargado una auditoría 'forense' para investigar a dónde han ido a parar los 18 millones de dinero público que el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego entregó a Nestor Martin.
Si de dicho análisis se aprecian indicios de algún delito se trasladarán a la Fiscalía, ha matizado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.
Hay que recordar que el comité de Nestor Martin ya presentó en el mes de mayo una querella en los juzgados de instrucción de Santander contra los antiguos gestores de la fábrica de estufas de Camargo, Andrés de León y Jesús Lavín, en la que, entre otras cosas, solicitan 3,2 millones de euros para los trabajadores.
La abogada del comité, María Teresa Ortiz, justificó que esa cuantía se corresponde con las indemnizaciones que los trabajadores percibieron por su salida de Teka y que aportaron para que se crease y arrancase la empresa Ecomasa (Nestor Martín) a cambio de un puesto de trabajo.
En concreto, la querella se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.
Los resultados de la auditoría están previstos que se conozcan en aproximadamente quince días.
