El Ministerio de Hacienda no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades autónomas tras el impago de los 2.500 millones del IVA de 2017 y se enfrenta a un reguero de denuncias en los tribunales por parte de los gobiernos regionales del PP, pero también de al menos dos socialistas, Castilla-La Mancha y Aragón, dispuestos a presentar la denuncia si no hay pago. El resto de comunidades socialistas apuestan más por la negociación que por un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los ejecutivos de Baleares y de Asturias no descartan "ninguna vía". Ambos gobiernos entienden que esos fondos les "pertenecen", en palabras de la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, y que deben recibirlos de alguna manera, sea por vía administrativa o judicial.
CANTABRIA
También el Gobierno de Cantabria ha "pedido una solución" al Ministerio de Hacienda para la devolución de los 42 millones de euros correspondientes a la mensualidad de diciembre del IVA de 2017, y "confía en un acuerdo" con el Gobierno de Pedro Sánchez que evite tener que optar por otras vías. El gabinete del regionalista Miguel Ángel Revilla, en el que la Consejería de Economía y Hacienda está en manos socialistas, apuesta de momento por la vía administrativa y el diálogo, pero recalca que su objetivo es "lograr que paguen", por lo que si eso no ocurre, "no se descarta ninguna salida". "La idea no es ir a los tribunales; de momento pedimos una solución, vamos a esperar a ver qué plantean", han señalado a Europa Press fuentes cercanas al presidente.
El Gobierno de Cantabria "pide una solución" para la devolución de los 42 millones de euros de la mensualidad de diciembre del IVA de 2017
Mientras tanto, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), envió el viernes una carta a la ministra del ramo, la también socialista María Jesús Montero, a la que pide que durante la elaboración del próximo anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se incluyan las medidas necesarias para revertir la situación. "Y de no ser posible, se solicita que desde el Ministerio de Hacienda se articule un mecanismo alternativo que permita a Cantabria recuperar el importe no abonado correspondiente a la mensualidad de diciembre del IVA de 2017", añade la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
OTRAS CCAA
Por su parte, la Generalitat Valenciana, La Rioja y Extremadura no hablan de momento de un recurso en los tribunales y confían en el diálogo que mantienen con Hacienda, al que varias comunidades han remitido cartas reivindicando el dinero. En juego, 2.500 millones de euros correspondientes a 2017 que las autonomías tenían que haber ingresado en 2019. Desde el Ministerio se insiste en que no es posible ya cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio liquidado, insisten fuentes del departamento a Europa Press. Montero lo dejó claro el martes e insistió en trasladar la culpa al anterior Gobierno del PP, por la maniobra de 2017, y a quien no apoyó los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, en los que se solucionaba la cuestión.
Ante este panorama, las comunidades del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA de 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto. El gallego Alberto Núñez Feijóo explicó este jueves el procedimiento, que arranca con el envío al Gobierno de un requerimiento previo para que responda en el plazo de un mes. "Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno", constató.
El impago ha levantado también a dos ejecutivos socialistas, que han ido subiendo el tono conforme han pasado las semanas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más contundente y ha dado un plazo a Hacienda hasta el próximo martes para ofrecer una solución o su gobierno "dará instrucciones para que se establezca la denuncia". A un paso de hacer lo mismo está el aragonés Javier Lambán, que ha hablado en varias ocasiones con el Ministerio de María Jesús Montero, lo mismo que aseguran varios consejeros de Hacienda. Asegura que él no ha encontrado "receptividad" -"si dijera que he visto receptividad, estaría edulcorando la situación"-, pero que aún espera una negativa "clara e irreversible" de Hacienda antes de recurrir a la Justicia. "No vamos a admitir que se nos escamotee el pago", ha dicho. El dirigente aragonés ha asegurado también que las comunidades han mantenido contacto entre ellas, y que unas expresan una "remota confianza" y otras "menos remota" en que "esto se va a solucionar de una manera razonable".
La consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba, ha subrayado que esos fondos "pertenecen" a Asturias y que el gobierno autonómico no renuncia a ingresarlos, sin descartar "otra vía" distinta al diálogo si fuera necesario, tanto administrativa como judicial. En términos parecidos se ha manifestado el Gobierno balear de Francina Armengol. Tampoco renuncia a recurrir a los tribunales, pero todavía "están en la vía de negociación".
