viernes. 29.03.2024

Todas las alarmas han saltado cuando se ha dado a conocer que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha derogado este lunes el Decreto 29/2015 por el que se regulaban las ayudas a la contratación indefinida en Cantabria. Dicho así podría parecer que el Ejecutivo ha liquidado esta línea de subvención a las empresas, dejando en una situación de indefensión a miles de trabajadores. Sin embargo, la realidad es muy diferente, y según ha podido saber este diario la Consejería de Juan José Sota prepara un nuevo Decreto que “consolide el empleo indefinido”.

Según fuentes cercanas a Economía, el actual Decreto era, cuanto menos, “extraño”. La subvención que otorgaba para, en teoría, fomentar la contratación indefinida se cumplen únicamente y “obligatoriamente durante 15 meses”. En otras palabras, se percibe esta ayuda para mantener el empleo tan solo este tiempo, “no teniéndose que reintegrar ni un euro si se produce un despido al mes 16”.

“Esto no es lo que se considera empleo estable e indefinido objeto de una subvención pública”, han asegurado estas mismas fuentes, que han revelado que la Consejería ya está trabajando en un nuevo decreto que fomente una “contratación de calidad”, y que subvencionará los contratos indefinidos que se realicen desde la derogación, logrando "menos precariedad y un trabajo más estable".

Se percibe esta ayuda para mantener el empleo tan solo durante 15 meses, “no teniéndose que reintegrar ni un euro si se produce un despido al mes 16”

A este respecto, han señalado que los contratos realizados antes del 29 de febrero de 2016 no se verán afectados por esta derogación, mientras que el resto estarán cubiertos por el nuevo texto legal.

Recorte en creación de empleo

Sin embargo, CEOE-Cepyme no lo ve exactamente así. La patronal de Cantabria ha denunciado que la derogación "enmascara un recorte en creación de empleo y evidencia una preocupante ineficacia en la gestión de los recursos públicos".

La patronal ha considerado en un comunicado que esta decisión tiene su explicación en cuestiones "absolutamente ajenas a las empresas y vinculadas más bien al hecho de que la Administración regional prefiere redirigir a fines distintos la cantidad que supone esta medida de fomento del empleo".

En cuanto a la eficacia de estas ayudas -que en 2015 ascendieron a seis millones de euros- para la creación de empleo, CEOE ha estimado que "el decreto ha hecho posibles más de 3.000 contrataciones con una media de 5.000 euros de apoyo en cada caso".

En base a estos datos, la organización ha opinado que el decreto "difícilmente puede considerarse ineficaz teniendo en cuenta las cifras de desempleo en Cantabria o comparando este balance con el coste y los resultados que arrojan los programas de creación de empleo temporal en cuya gestión interviene en exclusiva la Administración".

Para CEOE-Cepyme Cantabria, el apoyo de las ayudas recogidas en el Decreto resultaba "especialmente relevante" puesto que se orientaba a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos, que constituyen más del 95% del tejido empresarial cántabro y que "desde ayer queda desamparado".

Para CEOE-Cepyme Cantabria, el apoyo de las ayudas recogidas en el Decreto resultaba "especialmente relevante" puesto que se orientaba a pequeñas y medianas empresas

Además, a su juicio, la fórmula para la concesión de las ayudas facilitaba que la totalidad de contratos que se firmasen de acuerdo a las condiciones establecidas pudieran beneficiarse de las ayudas con independencia de la fecha de la firma, aportaba a la empresas una estabilidad y una seguridad que no permiten las ayudas que se conceden a través de convocatorias específicas.

CEOE ha indicado que el Gobierno explica la retirada de esta medida por la posibilidad de que alguna empresa haya comenzado a despedir trabajadores transcurrido el periodo de 16 meses de duración del contrato, periodo que fija el Decreto para que el empresario tenga derecho a la ayuda.

Entre las empresas agrupadas en la patronal, esta explicación ha sido acogida con "máxima incredulidad" porque, "teniendo en cuenta que el Decreto entra en vigor el 9 de mayo de 2015 y que su derogación ha sido publicada ayer 17 de octubre, es materialmente imposible que existan datos suficientes que avalen la teoría en la que se escuda del Ejecutivo y que es con un simple cálculo matemático totalmente inverosímil".

En cuanto a la posibilidad de que el Decreto esté abierto al fraude, desde los servicios jurídicos de CEOE-Cepyme se explica que "cualquier incumplimiento por parte de un ciudadano de las condiciones que dan lugar a percibir una ayuda, obligaría a éste a devolverla por lo que no cabe hablar de fraude en ningún caso".

Además, desde estos servicios han insistido en que "la Administración tiene la obligación y los mecanismos para controlar la correcta utilización de los recursos que pone a disposición de las empresas y los ciudadanos y es su obligación y responsabilidad ejercer este control sin que le quepa escudarse en hipotéticos incumplimientos para renunciar a hacer frente a su obligación de gestionar".

PP

También han llegado críticas desde la oposición, en concreto desde el PP, cuyo portavoz en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde, ha manifestado su "absoluta perplejidad" por la derogación, "con nocturnidad y alevosía", del decreto.

Para el PP, derogar las ayudas a la contratación indefinida porque el empleo indefinido ha decrecido en Cantabria en el presente ejercicio "es lo mismo que eliminar un calendario de vacunación porque se han detectado más casos de esa enfermedad".

Lo que habría que saber, a juicio del portavoz popular, es en qué término hubiese decrecido el empleo indefinido de no existir este tipo de incentivos, "que quizás son la única medida que esté impidiendo un desplome aún mayor", advierte Van den Eynde.

Por otro lado, considera que hablar de que existe "fraude" en el uso de esas ayudas "es muy grave" y anuncia que en los próximos días el grupo Popular va a registrar unas preguntas para saber cuántos son los casos en los que se ha detectado algún tipo de "fraude" en la aplicación de estas subvenciones, y cuántos expedientes se han abierto por dicho motivo.

"Si realmente se piensa que hay resquicios en la norma que estaba vigente que permitían algún tipo de picaresca, el mecanismo es sencillo: se modifican aquellos criterios que permitan esa utilización desleal de la subvención y se ponen unos nuevos que sean más restrictivos", añade.

Para el portavoz del PP, la derogación completa, bajo la "vaga promesa" de que se publicará una nueva orden en el futuro 'con efecto retroactivo' obedece a que el Gobierno "quiere que los fondos presupuestados para este año dejen de ejecutarse, de forma que se pueda corregir la desviación del déficit en que ha incurrido el gobierno de Revilla por la vía de recortar las políticas activas de empleo".

"Lo malo de este gobierno es que en vez de tener la lealtad de exponer que recortan en ayudas para combatir la precariedad y el desempleo, buscan una excusa para hacer ese recorte por la puerta de atrás", afirma Van den Eynde, quien subraya que "es absolutamente contrario al discurso social el hecho de que el déficit lo vayan a pagar los desempleados".

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