El sindicato docente ANPE Cantabria ha destacado la "preocupante estabilización" del número de casos de acoso y violencia hacia los docentes en la comunidad, donde su servicio del Defensor del Profesor atendió el pasado curso 2019-2020 a un total de 20, uno más que el curso anterior, pese al confinamiento desde marzo. Este dato indica, para ANPE, que las situaciones de conflictividad "están lejos de erradicarse en los centros escolares".
El 70% de los casos corresponde a profesorado de Educación Secundaria, el 20% de Primaria y el 10% de Formación profesional. Por tipología, la mayoría tiene que ver con problemas con el alumnado (el 40%), seguidos de los conflictos con las familias (35%), y otros motivos (25%).
En concreto, destacan la presión para modificar notas e informes, problemas para dar clase, falta de respeto y amenazas por parte de alumnos y familias, además del uso inadecuado de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso. En este sentido, ANPE ha subrayado que, especialmente con el confinamiento, ha aumentado el ciberacoso.
El repunte de casos se produce en fechas cercanas a las sesiones de evaluación, y en fechas cercanas a las semanas de descanso, "mostrando el estrés al que están sometidos los docentes al final de cada bimestre". Las consecuencias de todas estas situaciones, que según el sindicato conllevan un deterioro de la salud mental, son ocho docentes con ansiedad y/o depresión; siete con baja médica; y cinco que manifiestan inseguridad física. De ellos, nueve han sido atendidos por el servicio jurídico de ANPE.
Estos datos, recogidos en el informe del Defensor del Profesor en Cantabria del pasado curso, han sido presentados este martes en rueda de prensa por la presidenta de ANPE, Rus Trueba, quien ha mostrado su preocupación ante la "creciente situación de acoso y violencia" que se da entre los alumnos y especialmente con el ciberbullying.
Por ello ha solicitado a la Administración que actualice los decretos de convivencia con medidas organizativas que corrijan estas situaciones y ha reiterado la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación.
Un plan que debería recoger la obligación de los equipos directivos de informar de hechos que pudieran ser constitutivos de delito a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal; un programa de prevención de acoso escolar; la actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia; y el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
Igualmente contendría un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar; reconocería la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso; y explicitaría el compromiso de la Administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.
"Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la Administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa", ha concluido el sindicato.
