La Junta de Personal Docente de Cantabria ha solicitado esta semana una entrevista con Miguel Ángel Revilla para trasladarle sus preocupaciones de cara al próximo curso. Además, también quieren conocer de primera mano los compromisos presupuestarios de su Gobierno en relación a la enseñanza pública.
Integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT, la Junta de Personal Docente es el órgano que representa unitariamente al profesorado de la enseñanza pública de Cantabria. En un anota de prensa, la Junta ha señalado que está preocupada por el reparto del fondo extraordinario no reembolsable proveniente del Gobierno central, ya que considera que sigue unos criterios "injustos" para la comunidad autónoma. Así es como se lo quiere manifestar la organización al presidente del Gobierno regional, a la vez que pretende interesarse sobre las "posibles repercusiones negativas" que esto pueda tener en el presupuesto destinado a la enseñanza pública de la comunidad autónoma.
Otro de los objetivos de la Junta de Personal es transmitir a Revilla las necesidades que, a su juicio, va a tener la red pública de centros para el próximo curso 2020/21, tanto de recursos materiales como de más profesorado, haciendo hincapié en este último punto.
En este sentido, considera que será necesaria una "movilización extraordinaria" de recursos públicos para poder abordar "con éxito" un curso escolar que vendrá marcado por la evolución de la pandemia, y eso requerirá una "apuesta política por la educación", con el consiguiente compromiso presupuestario que quiere reclamar a Revilla.
Por último, la Junta de Personal Docente también quiere aprovechar la reunión con el presidente regional para transmitirle su "profundo malestar" por cómo ha gestionado la Consejería de Educación el tema del calendario escolar del próximo curso.
Para la Junta, "la aprobación unilateral del calendario desoyendo sus propuestas, sin ningún criterio pedagógico, la ruptura con el modelo que teníamos desde cuatro años, y el retorno al modelo tradicional va a suponer una pérdida de identidad para el sistema educativo de Cantabria".
Según declara la organización, esta decisión "va a alejar a la región de los estándares de "modernidad y progreso europeos con los que nos queremos homologar, y Cantabria va a dejar de ser el referente que era en esta materia para otras comunidades autónomas".
