jueves 13/8/20
EDUCACIÓN

Los precios de las matrículas universitarias tendrán un límite máximo el próximo curso

Fachada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria
Fachada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria

El Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles poner un límite máximo a los precios universitarios el próximo curso, lo que implica que no podrán aumentar y supondrá además rebajar el precio de las primeras matrículas en la mayoría de las comunidades españolas. El acuerdo ha contado con el voto "mayoritario" de las comunidades y se ha producido en una reunión telemática de las Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el ministro Manuel Castells, que había propuesto a los gobiernos autonómicos fijar en un máximo de 18,46 euros el precio del crédito de primera matrícula en toda España, lo que supondría un 15% más del precio medio de crédito universitario que existía en el curso 2011-2012, cuando empezaron a encarecerse.

De este modo, la propuesta del Ministerio obliga a diez comunidades autónomas a rebajar sus precios el próximo curso, sobre todo Madrid y Cataluña, que actualmente superan esos 18,46 euros por crédito. Las siete comunidades restantes (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia) no tendrían que reducir los precios de la primera matrícula, porque actualmente ya son más bajos que en el curso 2011-2012.

Lo acordado este miércoles rebaja el objetivo que planteaba el ministro Castells hace solo unas semanas, que era devolver los precios de las primeras matrículas universitarias a los niveles de 2011-2012. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros eliminó el pasado 5 de mayo del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias que introdujo en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ese sistema de horquillas provocó, según el Gobierno, un incremento medio del 17% del precio del crédito universitario, con mucha disparidad entre comunidades autónomas. Con su derogación, Castells pretendía consensuar con todas las comunidades un precio máximo de la primera matrícula universitaria para el próximo curso, y el 7 de mayo pidió a los gobiernos autonómicos que calculasen el impacto económico que supondría devolver los precios a los niveles de 2011. "Al trato que hemos llegado con las comunidades es que me dan un numerito y yo hablo con Hacienda para ver hasta dónde podemos llegar", explicó Castells aquel 7 de mayo, en el Congreso, tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria.

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