El pasado mes de septiembre comenzaba el juicio por el expolio y la destrucción de la cueva neolítica de Chaves, en Huesca (Aragón) en 2007. El enclave está considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica. El acusado era un magnate minero de León, Victorino Alonso, propietario de la minera Uminsa. Ahora, después de dos meses, el juez condena a Alonso a dos años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 25,49 millones de euros a la Diputación General de Aragón.
De este modo, la sentencia, que es recurrible ante la Audiencia Provincial, le considera responsable de la destrucción que se conoció en 2009, cuando el personal del Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitó el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente.
La cueva se ubica en una finca cinegética administrada por una empresa vinculada a Victorino Alonso, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y las obras de vallado de la finca serían las responsables de la destrucción de los restos, según publica Público.
El auto también condena a la sociedad Fimbas S.A., que gestiona el coto de caza donde se ubica la cueva destruida, a pagar la indemnización. Sin embargo, el juez absuelve a Alonso de un presunto delito contra el medio ambiente, algo que denunciaba y le imputaba Ecologistas en Acción.
Asimismo, absuelve a las empresas Ferpi Transportes y Obras S.A., y a la aseguradora Mapfre de posibles responsabilidades civiles, tal y como se solicitaba.
Conocimiento de primera mano
En la sentencia se considera acreditado, por un lado, que Fimbas S.A. conocía la existencia del yacimiento arqueológico y de su importancia, y por otro que Victorino Alonso sabía de “primera mano” que debía solicitar permisos.
También se considera probado que el magnate minero era el que daba las órdenes reales en Fimbas S.A., entre ellas la destrucción del yacimiento arqueológico.
El juez, además, critica que el Gobierno de Aragón no haya promovido el importante yacimiento a una figura de protección mayor como Bien de Interés Cultural, y reprocha que su protección sólo fuera indirecta, lo que califica como "censurable e inexplicable". En este sentido, considera que de haber existido "una adecuada señalización hubiera provocado un indudable efecto intimidatorio tanto en la dirección de la finca como en sus empleados y en terceras personas".
Por otro lado, el magistrado rechaza el "intento" de la defensa de "diluir" la responsabilidad del empresario al involucrar en los hechos al arqueólogo que descubrió el yacimiento, Vicente Baldellou, ya fallecido, así como al palista que llevó a cabo la obra.
En la sentencia se considera "imposible" que Baldellou "ordenase o tan siquiera sugiriese" acometer las obras que se hicieron en Chaves, valoración hecha en relación a la afirmación del empresario de que este especialista fue quien pidió actuar en el yacimiento por motivos de seguridad.
