martes 15.10.2019
TRIBUNALES

La Audiencia Nacional marca las pautas para que los afectados de iDental accedan a un informe pericial

Clínica de iDental en Santander. Foto: edc
Clínica de iDental en Santander. Foto: edc

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha marcado este martes las pautas que deben seguir los afectados por la estafa de las clínicas de bajo coste iDental a fin de que el acceso al peritaje sobre su estado se produzca de forma homogénea en todas las comunidades autónomas, según informaron en fuentes jurídicas a Europa Press. En concreto, De la Mata ha reunido este martes a responsables del área de salud de las distintas comunidades autónomas a fin de pactar criterios homogéneos para la redacción de los informes médicos que habrán de redactar los odontólogos de la sanidad pública a fin de que sean útiles al afectado para poder recurrir después a un forense.

Según fuentes sanitarias consultadas por la agencia, el magistrado ha avanzado que enviará un modelo de escrito común a los respectivos juzgados de las localidades donde residen los afectados, marcando la pauta tanto en caso de que se acuda a un odontólogo privado para que realice el peritaje como para quienes recurran a los profesionales de salud bucodental de la sanidad pública.

En ambos casos, el sanitario que atienda al paciente deberá completar una serie de ítems en su informe de modo que después sea útil al médico forense al que el paciente deberá acudir a recabar la pericial definitiva que sustentará su causa en el juzgado y a partir de la cual recibirá tratamiento, en caso de necesitarlo. A su vez y durante la reunión con el juez, las diferentes comunidades autónomas han trasladado su actitud de colaboración con la Audiencia Nacional.

La macrocausa está a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde De La Mata ha decidido estructurar el caso abriendo piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados -sean individuales o grupales- y ya suman más de 1.500, por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

También ha abierto una pieza separada para cada una de las víctimas, y sin que se haya efectuado aún un recuento total de afectados, ya superan en la causa más de 8.000. No obstante, en la primera reunión que el magistrado tuvo con los responsables autonómicos el pasado mes de septiembre para coordinar la recogida de información de los pacientes, la cifra de potenciales damnificados se estimó en 400.000 personas en toda España.

De momento, se han personado como acusación popular las organizaciones de consumidores Facua y OCU, que puede acabar ejerciendo de acusación particular por haber aportado denuncias de afectados, así como el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos.

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