jueves 09.07.2020
LABORAL

Cuatro de cada diez contratos firmados en julio tuvieron una duración igual o inferior a un mes

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realiza en dos días 22.000 advertencias a empresas por presunto fraude en la contratación.

Imagen de un camarero
Imagen de un camarero

El 37,3% de los más de dos millones de contratos inscritos en los servicios públicos de empleo durante el mes de julio en España tuvo una duración igual o inferior a un mes, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogidos por Europa Press. En total, en julio se registraron 779.679 contratos con una duración igual o inferior al mes. De esta cantidad, la mayor parte presentaba una duración igual o inferior a siete días. En concreto, el 24,7% de los contratos realizados en julio (515.220), es decir, uno de cada cuatro del total de contratos efectuados en dicho mes, tenía una duración igual o inferior a la semana. Por su parte, 91.664 contratos (el 4,4%) presentaban una duración de entre una semana y 15 días, mientras que 172.795 (8,3%) tenían una duración de entre 15 días y un mes.

Mayo fue el mes en el que el peso de los contratos de menos de una semana de duración fue mayor

Si se echa un vistazo a la estadística de contratos registrados desde enero de este año se observa que el volumen de éstos con una duración igual o inferior a un mes varía muy poco a lo largo de los distintos meses del año, por lo que no puede concluirse que los contratos de julio son más cortos porque responden a las contrataciones de verano. De hecho, el 37,1% de los contratos que se firmaron el pasado mes de enero tenía una duración igual o inferior a un mes; el 36,4% de los firmados en febrero también. En marzo, coincidiendo con la Semana Santa, el porcentaje fue del 38%; en abril del 38,3%; en mayo del 40%; en junio del 37,5% y en julio, del 37,3%. Lo mismo sucede con los contratos de menos de siete días, que se mueven en porcentajes bastante similares a lo largo de los distintos meses, representando habitualmente uno de cada cuatro contratos que se firman cada mes. Analizando los datos de este año se observa que mayo fue el mes en el que el peso de los contratos de menos de una semana de duración fue mayor: un 30,2% de los contratos que se firmaron ese mes duraba menos de siete días.

Con entre uno y tres meses de duración se efectuaron 314.747 contratos en julio (el 15,1%), mientras que los contratos de entre tres y seis meses sumaron 117.048 (el 5,6% del total). De entre seis y doce meses de duración se registraron 27.213 contratos (el 1,3%), en tanto que 7.255 contemplaban una duración superior al año (el 0,3% del conjunto de contratos). Asimismo, en el registro del SEPE figuran en julio 650.562 contratos de duración indeterminada y 190.151 contratos indefinidos, cifra esta última que equivale al 9,1% del total de contratos efectuados en el séptimo mes del año. En conjunto, sumando todos los contratos de julio, la duración media de los mismos fue de 49,81 días, dato muy similar al de julio de 2017, que fue de 49,45 días. Ahora bien, ambas cifras se encuentran muy lejos del máximo de 73,8 días alcanzado en julio de 2006, año en el que arranca la serie. Entre 2006 y 2008, la duración media de los contratos que se firmaban en julio superaba los 72 días. A partir de aquel año, coincidiendo con los años más duros de la crisis, se empieza a registrar un bajón en la duración media de los contratos que se efectuaban en julio, hasta situarse ésta en 49,93 días en 2014, año en el que la economía española volvió a crecer tras varios ejercicios en negativo. No obstante, la vuelta al crecimiento económico no ha hecho mella en la duración de los contratos, pues en julio de los últimos años los valores observados son bastante similares.

22.000 advertencias en dos días

Por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado en dos días (13 y 14 de agosto) 22.000 advertencias a empresas tras detectar un presunto incumplimiento en los límites fijados legalmente para los contratos eventuales, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Según la legislación, se pueden realizar contratos temporales eventuales por una duración tope de 12 meses en un periodo de 18 meses, es decir que en 18 meses un trabajador al que se le efectúe este contrato sólo podrá trabajar un máximo de 12. La Inspección ha observado que un "relevante" número de empresas incumple este precepto. Las 22.000 empresas advertidas dispondrán de un mes para regularizar la situación de los trabajadores afectados. Cumplido ese plazo, la Inspección comprobará si se ha corregido la situación y, en caso contrario, tomará medidas contras las empresas incumplidoras.

En agosto se pusieron en marcha dos planes de choque centrados en la lucha contra la contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial fraudulentos

El Consejo de Ministros del pasado 27 de julio aprobó el Plan Director por un Trabajo Digno 2018/20 para combatir el "abuso" laboral y la vulneración de derechos de los trabajadores. En el marco de dicho Plan se pusieron en marcha en agosto dos planes de choque, que durarán hasta diciembre, centrados en la lucha contra la contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial fraudulentos, cuya primera fase consiste en la detección de posibles situaciones irregulares a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude. Por medio de esta se informa a las empresas identificadas para que regularicen voluntariamente su situación reponiendo los derechos a los trabajadores afectados. En una segunda fase, y una vez transcurrido un mes desde el envío de las comunicaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social analizará los datos y comportamientos de las citadas empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado la situación descrita o han realizado alguna modificación en la situación de sus plantillas procediendo a la extinción de los contratos detectados en fraude de ley. En estos casos, la Inspección de Trabajo, a través de su personal, comprueba directamente si existen incumplimientos, en cuyo caso adopta una serie de medidas, pudiendo exigir las responsabilidades legales pertinentes.

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