Este sábado, 1 de julio, se cumplen cinco años de la entrada en vigor del copago farmacéutico, una modalidad de pago que incorpora criterios de progresividad en función del nivel de renta de los ciudadanos.
Así, esta medida, incluida en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad de la entonces ministra Ana Mato para lograr un ahorro sanitario de 7.400 millones de euros, determina que las personas con rentas no contributivas, los desempleados de larga duración sin prestación, los perceptores de rentas de integración social, las personas con discapacidad y los afectados del síndrome tóxico, además de aquellos que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, no pagarán ningún porcentaje de los medicamentos.
En enero de este año, la actual ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, recordó que esta reforma sanitaria ha permitido desde 2012, y hasta diciembre de 2016, un ahorro total de 6.521 millones de euros, a la vez que ha autorizado más de 200 nuevos medicamentos.
Durante este lustro, el debate acerca del copago farmacéutico ha sido habitual entre el Gobierno y el resto de partidos políticos. Una medida que fue recibida también con polémica por parte de los consumidores, pero que parece que a lo largo de estos años se ha ido asimilando entre la sociedad.
Hay que recordar que esta nueva modalidad de pago introdujo otros cambios considerables en la sanidad, como la receta electrónica.
