La pandemia de coronavirus y el alto número de fallecidos en España han provocado una importante corriente de solidaridad que, sin embargo, está siendo aprovechada por algunos para hacer negocio. La Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) ha denunciado ante el Consejo General de la Abogacía Española a once asociaciones y despachos de abogados por crear supuestas plataformas de afectados por el COVID-19 para hacer negocio ofreciendo sus servicios, según señala Infolibre.
La información, de la que se han hecho eco asociaciones como FACUA. recoge que la ALA presentó la denuncia el pasado viernes 24 de abril contra estas entidades por captar clientes mediante "publicidad fraudulenta" e incluso "camuflándose" como asociaciones, saltándose supuestamente sus obligaciones deontológicas. La asociación advierte de que se han ido creando diferentes entidades "que se dicen formadas por afectados por la pandemia" y que ofertan servicios jurídicos, vulnerando "nuestros códigos deontológicos".
Las asociaciones denunciadas son la Asociación de Afectados por el Coronavirus (Asacovid), cuyo presidente es José Manuel Hita García de Marina de Aliter Abogados y que ofrece asesoramiento legal y económico; la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus, del Grupo Médico Jurídico Durango; Plataforma de Víctimas del Coronavirus Covid, tras la cual está el despacho Navarro&Larriba, según la denuncia; y la Plataforma Solidaria Afectados Coronavirus, formada por un grupo de abogados y con base en Jerez de la Frontera. También están incluidas en la denuncia la Plataforma de Abogados en Defensa de Afectados por el Coronavirus, que ALA atribuye al abogado Gerardo Manuel Vázquez, portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No; la Plataforma de Afectados por la Gestión de la Crisis del Covid-19, del despacho Martín Herreros; la Asociación Juristas contra el Ruido, cuyo portavoz es el abogado Joaquín José Herrera del Rey; y la Plataforma Afectados Coronavirus; además de los despachos Ontier y Quercus&Superbia y al abogado José Ignacio Sánchez Rubio.
La ALA también ha solicitado en su denuncia que se abra un expediente disciplinario a los despachos por dicha "publicidad fraudulenta" y se les requiera su cese "de manera inmediata", además de pedir que se investigue "la identidad de los despachos que se encuentran tras la presunta ilícita publicidad". Chinarro ha indicado que ofertan los servicios bajo "una falsa apariencia de gratuidad". "El reclamo es ese precisamente, que es gratuito. Pero en el momento en que haya que mover un papel, te presentan la minuta", ha señalado.
MARTÍN HERREROS
Tras conocerse esta denuncia de ALA, el despacho Martín Herreros ha explicado que "la creación y elaboración de la plataforma/asociación [...] nos ha sido encomendada por una asociación legal y real con su consejo de Administración y Socios", por lo que el bufete solo ha sido "contratado por la asociación de afectados", pero en modo alguno es "promotor de iniciativa alguna".
Asimismo, en caso de que se interpongan acciones y se depuren responsabilidades políticas por la crisis, serán los socios de la asociación los que decidan si este bufete u otro llevarán el caso, pues "a este bufete solo se le ha contratado para la legalización de la plataforma/asociación".
Finalmente, Martín Herreros Abogados "se reserva las acciones oportunas frente a la ALA ante la falsa reclamación interpuesta, por lo que acudiremos a los tribunales oportunos".
