Durante la semana del 21 al 27 de noviembre España ha vivido una auténtica fiebre consumista. El denominado ‘Black Friday’, que en principio se limita únicamente al viernes, ha llevado a muchos pequeños establecimientos y grandes cadenas comerciales a realizar rebajas durante toda una semana. Pero en esta saturación de precios, productos y ofertas ha habido timos y fraudes, y no han sido precisamente pocos.
De hecho, su magnitud ha sido tal que FACUA-Consumidores en Acción ha sido capaz de establecer la forma en la que actúan estos comercios que “tratan de tomar el pelo a los consumidores”. La Ley de Consumidores y Usuarios establece que, para que sean considerados rebajas, los descuentos deben realizarse sobre el precio que los productos tienen durante el mes anterior.
Sin embargo, FACUA denuncia que “hay empresas que en los días previos” a este Black Friday incrementan los precios de muchos productos para “después devolverlos a su importe original” de esta campaña comercial.
Una de estas empresas podría haber sido, según la OCU, Mediamarkt. Según la denuncia presentada por la organización, la empresa se ha saltado la ley en sus campañas de Black Friday, alertando así de prácticas perjudiciales para los derechos de los consumidores.
Y no es la primera vez. El año pasado OCU ya presentó una denuncia contra MediaMarkt por incumplimiento de la Ley de Defensa de los Consumidores durante el Black Friday, cuando no presentó los precios sobre los que se realizaba la rebaja.
Además, también han denunciado a la tienda de electrodomésticos online TiendaAzul.com, una vez comprobado que en su web se ofertan productos dentro de la campaña del Black Friday sin hacer referencia al precio anterior a la rebaja y señalando como precio inicial el precio sin IVA.
Falta de control
Según denunciaba FACUA pocos días antes del Black Friday, estas irregularidades, que “suponen un fraude a los consumidores y una práctica de competencia desleal” con aquellos comercios que aplican descuentos reales, las autoridades autonómicas de consumo no inspeccionan ni antes ni durante este evento para controlar o “imponer sanciones” a estos centros.
A su juicio, “la falta de controles es fruto del creciente abandono de las políticas de protección al consumidor por parte de las comunidades autónomas”.
