jueves 13/8/20
POLÍTICA

Ninguno de los cinco diputados cántabros renunció a sus dietas durante la suspensión de actividad, pero aseguran que las han donado

Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados

El Congreso ha confirmado que, en las semanas de suspensión de actividad parlamentaria por el estado de alarma decretado contra el coronavirus, solo uno de los 350 diputados renunció a la indemnización de las dietas de desplazamiento y alojamiento que cada mes se abona a sus señorías para el ejercicio de su tarea en Madrid. Eso implica que ninguno de los cinco representantes de Cantabria en la Cámara Baja renunciaron a esa cantidad. Sin embargo, todos ellos aseguran haber hecho donaciones, en línea con lo anunciado esos días por grupos parlamentarios y diputados individualmente, que dijeron que iban a donar parte de sus sueldos a distintas causas que ellos decidirían.

Según fuentes de PP, PSOE y PRC, consultadas por Europa Press, los dos diputados 'populares' por la Comunidad, Diego Movellán y Elena Castillo, han destinado el dinero a un fondo común fijado por el partido para que sus cargos públicos donaran parte del sueldo para ayudar en la lucha contra la COVID-19. El del PSOE, Pedro Casares, destinó el montante de las dietas a dos entidades elegidas por él: Amica y Cruz Roja, como anunció que haría al principio de la pandemia. Y el diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha dado donativos al Gobierno de Cantabria y a varias ONG, mientras ha seguido pagando su alojamiento en Madrid como antes del estado de alarma.

Tampoco constan oficialmente casos de diputados que renunciaran a parte o la totalidad de la asignación constitucional cercana a los 3.000 euros

Sin embargo, en la Cámara Baja sólo consta el caso de quien comunicó formalmente su renuncia. Aunque no lo cita, se trata del diputado del PSOE por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, quien, dos semanas después de entrar en vigor el estado de alarma, trasladó por carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su renuncia en abril a los 1.900 euros de dieta que mensualmente recibe por ser diputado de fuera de Madrid.

Los diputados perciben una asignación mensual (sueldo base) de 2.981,86 euros, a los que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara (portavocías o puestos de mesa), pero también tienen derecho a una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", una dieta que no tributa a Hacienda y que sí es compatible incluso con el sueldo de ministro, en el caso los miembros del Gobierno que tienen escaño.

Se trata de 917,03 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.921,20 euros para los del resto de circunscripciones. Ésa es precisamente la cantidad que Elorza pidió en abril que no se le abonara pues, como consecuencia del confinamiento, no iba a incurrir en gastos de desplazamiento a Madrid, que es para lo que está pensada la indemnización. Lo había intentado en marzo, tras decretarse el estado de alarma el día 14, pero no llegó a tiempo.

La Mesa del Congreso desestimó todas las propuestas para recortar las retribuciones a los diputados

Pero fue el único que optó por esa vía de los 350 diputados que conforman el arco parlamentario, pese a que en esas semanas de marzo y abril, con la aplicación de las restricciones más drásticas, la asistencia a los Plenos se limitó a un 10% de diputados por cada grupo parlamentario hasta un máximo de medio centenar de diputados en el hemiciclo. Según los datos aportados por la Cámara Baja a Europa Press, tampoco constan oficialmente casos de diputados que renunciaran a parte o la totalidad de la asignación constitucional cercana a los 3.000 euros, ni de grupos parlamentarios que rechazaran parte o la totalidad de la subvención mensual de los meses de marzo, abril y mayo.

 

A los pocos días de estallar la crisis de la COVID-19, en la plataforma 'Change.org' se hizo viral una petición para que todos los cargos públicos electos donasen el 15% de su sueldo de marzo y abril y, en el caso de los diputados, senadores y diputados autonómicos, que destinen esa indemnización para gastos de desplazamiento a comprar material médico para combatir la pandemia.

En los primeros días de abril, Bildu, Junts, la CUP y Compromís enviaron sendas peticiones a la presidenta del Congreso pidiendo que se nos les abonara ese mes esa indemnización y dedicase ese dinero a hacer una donación a la sanidad pública para combatir el coronavirus, si bien ya se habían pronunciado a favor otras formaciones como el PRC y Foro Asturias. Por su parte, Unidas Podemos llegó a presentar un escrito pidiendo recortar el 50% del sueldo a todos los diputados, también para dedicar esa cuantía a la sanidad.

Sin embargo, la Mesa del Congreso desestimó todas las propuestas para recortar las retribuciones a los diputados porque, conforme al informe redactado por los letrados, la Cámara está obligada a garantizar los recursos para todos los parlamentarios en igualdad de condiciones y en el conjunto del año. Otra cosa es, según recalcaban los servicios jurídicos, que sean los propios diputados quienes, individualmente, renuncien a cobrar la indemnización para gastos o que donen, a título particular, lo que consideren oportuno.

APORTACIONES A TÍTULO INDIVIDUAL

Se impusieron por tanto las aportaciones a título individual, no institucional, y como tales ya no son fiscalizables por la Cámara, que tampoco puede intervenir en el destino final de esas donaciones. Así, parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos anunciaron que iban a hacer donaciones de parte de su sueldo a entidades que sus respectivos partidos decidirían.

El PP, por su parte, dijo que iba a crear un fondo común para que todos los cargos públicos donasen parte de su sueldo y gestionar desde Génova el destino de ese dinero. Y Vox comunicó su decisión de dar íntegramente la subvención institucional de su grupo parlamentario de marzo y abril a asociaciones de víctimas del coronavirus que el partido seleccionaría.

El Congreso como institución acordó por su parte donar tres millones de euros a la lucha contra la pandemia, un dinero que salió de su fondo de remanentes y que se transfirió a la cuenta que el Ministerio de Hacienda abrió en el Banco de España a nombre del Tesoro público para centralizar las aportaciones de personas físicas y jurídicas, y de distintas administraciones.

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