Los estibadores de los puertos han formalizado su convocatoria de huelga para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, en protesta por la reforma planteada por el Ministerio de Fomento para romper el 'monopolio' que este colectivo tiene del sector encargado de cargar y descargar los barcos, esto es, de gestionar las mercancías que entran y salen de España por mar.
La huelga está convocada por todos los sindicatos con representación en el sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT y CIG, que además advierten de que la extenderán "si no se alcanza un acuerdo".
Estos sindicatos llaman así al colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos a parar todas las horas impares del periodo comprendido entre las 8:00 horas del 20 de febrero y la misma hora del día siguiente, y de las mismas franjas horarias entre de los días 22 y 23 de febrero, y 24 y 25 de este mes.
Estos paros afectan a un sector fundamental de la economía, el de la gestión de la mercancía en los puertos, instalaciones que canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.
Los representantes de los trabajadores consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos, al plantearse en horas alternas
No obstante, los representantes de los trabajadores consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos, al plantearse en horas alternas (de 24 horas se trabajarán doce). Además, no afectará al tráfico de viajeros por los puertos.
Con su huelga, los estibadores pretenden manifestar su rechazo a la reforma del sector planteada por Fomento, dado que, en su opinión, constituye un "despido generalizado" y una vía de "precariedad y desregulación laboral". Asimismo, reivindican que se retome la negociación sobre la modificación del sector.
"La huelga es la última posibilidad después de hacer todo lo posible", ha señalado el coordinador general de la Coordinadora, Antolín Goya, en rueda de prensa.
Movimiento “autoritario” de Fomento
Según explicó, los trabajadores y la patronal habían trabajado en un documento conjunto de reforma del sector, con el fin de cumplir con lo que requiere la normativa comunitaria y con una sentencia del Tribunal Europeo que puede derivar en una sanción para España.
No obstante, denuncian que justo antes de la ratificación del documento en la asamblea de la patronal de la estiba Anesco, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "de manera autoritaria", informó "sin ningún documento" de que tiene preparado y es "inminente" un Decreto Ley que regulará esta actividad.
Los estibadores rechazan esta reforma planteada por Fomento la pasada semana, al considerar que convertirá los contratos indefinidos de los trabajadores del ramo en puestos de trabajo "precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras".
En su propuesta, Fomento plantea un periodo transitorio de tres años para que desaparezca el actual régimen, en el que todos los estibadores dependen de las sociedades de gestión de estibadores portuarios (Sagep) que controla su contratación por parte de empresas estibadoras.
Fomento plantea un periodo transitorio de tres años para que desaparezca el actual régimen
Para la Coordinadora, esta modificación constituye "un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba". "Algo que no deriva de una exigencia de la normativa comunitaria, sino que se trata de una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral", asegura.
Garantías de empleo
Uno de los puntos de confrontación, y una de las principales reivindicaciones del sector, es que se constituya un Registro de Estibadores que incluya "aquellos trabajadores con profesionalidad garantizada tras un proceso de formación".
También piden que los centros portuarios de empleo en los que se pueden convertir las actuales Sagep estén compuestos "exclusivamente" por empresas estibadoras, que se subroguen todos los trabajadores y que se articulen ayudas públicas y medidas legislativas para poner en marcha un programa de reestructuración del sector por un periodo mínimo de siete años.
El dirigente de Coordinadora indicó que han iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios, para exponerles su punto de vista sobre la reforma, dado que requiere ser convalidada por el Congreso.
"Nos hemos reunido con Podemos, PNV, Coalición Canaria y está previsto pedir una reunión a C's. Lo que muestran es sorpresa de las formas del Gobierno, sin negociación", señaló Goya.
Asimismo, para "mostrar la voluntad de los trabajadores de cumplir con las normas europeas" van a firmar acuerdos con los operadores del país para transmitir su convencimiento de que "la solución pasa por el consenso". "Las cifras récord que registraron los puertos españoles aún en el peor momento de crisis económica son producto de una Ley de Puertos consensuada y del buen entendimiento en los muelles entre trabajadores y empresarios", defienden.
Rechazadas por la UE
El Ministerio de Fomento ha replicado a la convocatoria de huelga que las peticiones presentadas han sido rechazadas por la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la regulación del sector.
Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado, la propuesta de crear un registro nacional de trabajadores -"principal reivindicación que han hecho los sindicatos", apunta- fue denegada por la Comisión Europea el 27 de julio de 2016.
El departamento que dirige Íñigo de la Serna ha explicado que el Gobierno "ha estado dialogando y negociando con el sector de la estiba durante dos años", tras el fallo del tribunal europeo que condenaba a España por considerar ciertos aspectos de la regulación de la estiba, contenida en la Ley de Puertos, contrarios al Tratado de la UE.
Un nuevo fallo del Tribunal de Justicia de la UE, que el Ministerio sitúa "en fechas próximas", supondrá para España el pago de 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia.
Garantizar los derechos de los trabajadores
La liberalización de la estiba, aprobada a través de Real Decreto la pasada semana, se ha elaborado "para dar cumplimiento a la sentencia", según Fomento, que defiende que en ella "se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores". "El objetivo no es otro que garantizar sus derechos", apostilla.
En este sentido, pone como ejemplo el período transitorio de adaptación de 3 años, que, alega el Ministerio, permitirá a los trabajadores y a las empresas actuales adaptarse al nuevo marco legal.
También señala el sistema de compensaciones financieras de la Administración portuaria, con el que "se facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes".
Por último, advierte que no se exigirán los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.
