El Gobierno de España anunciaba la semana pasada un Real Decreto-ley de medidas urgentes para, en principio, lograr la “protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. Sin embargo, Facua ha alertado de que el Estado, en realidad, ha regalado una tregua a la banca por la que obliga de facto a los usuarios a paralizar hasta cuatro meses la interposición de demandas judiciales para reclamar su dinero.
Según la asociación, si acuden a los tribunales antes de someterse al procedimiento judicial establecido en el real decreto-ley corren el riesgo de que los bancos acepten devolverles todo el dinero antes del juicio y se libren de las condenas en costas, por lo que los usuarios tendrían que asumir los gastos de abogado y procurador.
En este sentido, el real decreto-ley aprobado por acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos establece en su artículo 4 que "si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial" y el banco se allana -acepta sus pretensiones- "antes de la contestación a la demanda", se librará de la condena en costas. Y es que la norma plantea que en estos casos "se considerará que no concurre mala fe procesal" por parte de la entidad, pese a la abusividad de la cláusula.
Facua denuncia que el real decreto-ley representa para la banca una tregua de hasta cuatro meses ante la avalancha de demandas judiciales
Hasta tres meses para una respuesta
Por tanto, Facua considera que los usuarios tienen que esperar hasta un mes para que los bancos anuncien si aceptan el procedimiento extrajudicial y, una vez que presenten sus reclamaciones, hasta tres meses para recibir respuesta. La asociación critica que en lugar de recortarlo, el Gobierno haya aumentado a tres el plazo de dos meses que tienen los bancos para dar respuesta a las quejas de los usuarios, establecido desde hace cinco años en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.
Asimismo, Facua denuncia que el real decreto-ley representa para la banca una tregua de hasta cuatro meses ante lba avalancha de demandas judiciales que se le avecinan como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que plantea la retroactividad total en la devolución del dinero, corrigiendo el criterio del Supremo, que planteaba que las entidades podían quedarse con lo cobrado irregularmente antes de mayo de 2013.
Y es que la norma publicada en el BOE este sábado no establece ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios.
