Agentes de la Policía Foral adscritos a la Brigada de Protección Medioambiental han imputado recientemente a un vecino de Olite de 25 años como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico.
Los hechos sucedieron este pasado lunes por la tarde, cuando varios miembros de la brigada patrullaban las cercanías de la localidad y un vecino les alertó de que hacía pocos minutos había escuchado tres disparos en un paraje cercano. Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde detectaron un vehículo detenido con una persona dentro y un perro pululando a su alrededor.
Al llegar a la altura del turismo, los policías observaron que en el asiento trasero del vehículo se encontraba una escopeta de caza y varios cartuchos. Inicialmente, el joven relató a los agentes que estaba paseando al perro y que iba a llevar el arma a reparar, ya que estaba estropeada. Los policías sospecharon de su versión y comprobaron que el arma había sido disparada recientemente. Finalmente, el hombre confesó que se había desplazado hasta allí para matar dos perros “que no servían para cazar”, y que de hecho acababa de matar y enterrar a uno de ellos.
Los agentes rastrearon la zona y encontraron un charco de sangre con restos de un cartucho de caza similar a los que portaba el sospechoso, quien llevó a los policías hasta el lugar donde había enterrado al perro.
Tras desenterrar el cuerpo del animal, los agentes comprobaron que presentaba un orificio de bala en la cabeza, e inmediatamente dieron aviso al Grupo de Investigación Medioambiental, la unidad de Policía Foral especializada en la investigación de este tipo de delitos.
Finalmente, se imputó al joven como presunto autor de un delito de maltrato de animal doméstico y se le denunció por una infracción administrativa a la Ley 8/2003 de Sanidad Animal por “el abandono de animales o de sus cadáveres que entrañen un riesgo sanitario para la sanidad animal, para la salud pública o contaminen el medio ambiente, o su envío a destinos que no estén autorizados”. Se trata de una infracción grave que puede conllevar una multa de 3.001 a 60.000 euros.
Además, se retiró el arma de fuego utilizada en los hechos para su depósito y al tratarse de una conducta inadecuada en su utilización se solicitó a la Delegación del Gobierno en Navarra la revocación del permiso.
