La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria ha tramitado, hasta la fecha, un total de 2.411 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los 7.650 que se han presentado en nuestra comunidad autónoma como consecuencia de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19. Según ha detallado el director general de Trabajo, Gustavo García, en estos momentos, según los datos que aportan los expedientes que se han gestionado, se puede establecer una media aproximada de 6 personas trabajadoras por empresa, con lo que, si se proyectan estos datos al volumen total de expedientes presentados, se podría estimar que hay unas 45.000 personas trabajadoras en Cantabria en situación de suspensión (la mayor parte) o de reducción de jornada, afectadas por un ERTE.
Los 2.411 expedientes de ERTE en trámite suponen el 31% del total y afectan a 15.003 personas trabajadoras
En los últimos días ha seguido cayendo el volumen de entrada de expedientes, con una media de 150 diarios. Así, según ha indicado García, desde el pasado martes se han contabilizado un total de 650 registros. Los 2.411 expedientes de ERTE en trámite suponen el 31% del total y afectan a 15.003 personas trabajadoras. De ellos, 2.290, el 95%, son por causa de fuerza mayor y 121, el 5% restante, por otras razones organizativas, productivas o económicas. De estos expedientes, 2.000 están resueltos y comunicados al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Por sectores, hostelería, alojamientos turísticos y pequeño comercio representan el 40% de los expedientes totales registrados. También cabe destacar el resto de negocios que tuvieron que cerrar con la entrada en vigor del estado de alarma, como son actividades enseñanza, actividades deportivas, peluquerías y estética, centros de fisioterapia, talleres de reparación o clínicas dentales. De este modo, el mayor porcentaje se corresponde con personas autónomas y pymes.
Desde la dirección General de Trabajo, que ha cuadriplicado el personal destinado habitualmente para la tramitación de ERTE, se ha vuelto a recordar que las empresas pueden acudir al Servicio de Empleo Estatal (SEPE) para cursar la solicitud de la prestación correspondiente de sus trabajadores, independientemente del estado de tramitación del ERTE, y que “los trabajadores no tienen que realizar ningún trámite, ya que la gestión se realiza directamente entre las empresas y el SEPE”.
Gustavo García ha recordado que toda la información sobre trámites y procedimientos está a disposición de las empresas en la página web de la Dirección de Trabajo (www.dgte.cantabria.es), que ha simplificado el proceso al máximo y ha reorganizado la actividad y la plantilla del Servicio de Relaciones Laborales con el fin de agilizar la respuesta de la Administración autonómica y dar prioridad a la asistencia a compañías, autónomos y asesorías empresariales.
La cuantía de las prestaciones es del 70% de la base reguladora del trabajador
Para agilizar el pago de las prestaciones por desempleo, el Servicio de Empleo Estatal (SEPE) está reconociendo las prestaciones incluyendo a los hijos e hijas a cargo en los casos de trabajadores sobre los que este organismo ya tiene datos, porque han sido beneficiarios de sus ayudas con anterioridad. En el caso de que no existan datos previos, se les reconocerá la prestación sin el complemento de los menores a cargo pese a que los tuviera y, posteriormente, este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo regularizará de oficio las cantidades que correspondan sin que los afectados tengan que realizar ninguna reclamación.
La cuantía de las prestaciones es del 70% de la base reguladora del trabajador (durante los primeros seis meses), con unos mínimos y máximos que varían según el beneficiario tenga hijos o no. Así, la cuantía mínima sin hijos a cargo es de 501 euros mensuales y, si se tiene uno o más hijos, aumenta hasta 671 euros mes; y la prestación máxima sin hijos es de 1.098 euros al mes; con un hijo de 1.254 euros mensuales y con dos o más hijos a 1.411 euros.
MEDIDAS ECONÓMICAS
Junto a la puesta en marcha de los ERTE para evitar al máximo los despidos, el Gobierno español ha facilitado también la adaptación de la jornada laboral y el teletrabajo siempre que ello sea posible. Además, ha puesto en marcha una batería de medidas para reducir el impacto de la crisis en las empresas y las familias.
Así, para proteger a las empresas, el Gobierno ha establecido, entre otras medidas, un aplazamiento del pago de impuestos para las pymes, la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por los ERTE y una línea de avales para empresas y autónomos con el fin de salvaguardar su liquidez. Ayudas que suponen 21.000 millones de euros (el 1,7% del PIB), además de una línea de avales de hasta 100.000 millones o la moratoria para deudores hipotecarios.
