Los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF han convocado el próximo martes 13 una concentración de protesta en la entrada del Museo de Altamira, en Santillana del Mar, de 10:00 a 11:00 horas, en respuesta al impago de salarios en OMBUDS Seguridad, la principal empresa contratista de seguridad privada en las administraciones públicas españolas, que cuenta con una plantilla de cerca de 8.000 trabajadores, más de medio centenar de ellos en Cantabria.
La movilización se desarrollará en uno de los centros públicos en los que presta sus servicios la empresa en Cantabria, donde también es concesionaria de la seguridad privada del edificio de Correos, del centro territorial de RTVE y hasta ahora de los supermercados de Carrefour, aunque la multinacional francesa de distribución comercial ya ha rescindido su contrato con OMBUDS. Según han precisado los sindicatos mencionados, OMBUDS Seguridad adeuda en estos momentos a sus trabajadores las nóminas de los meses de junio y de julio, además de la última paga extraordinaria.
OMBUDS Seguridad adeuda en estos momentos a sus trabajadores las nóminas de los meses de junio y de julio, además de la última paga extraordinaria, según los sindicatos
En un comunicado, UGT, CCOO, USO y CSIF han rechazado "las malas prácticas de muchas empresas que, como OMBUDS, sólo buscan el mejor precio de licitación sin tener en cuenta que muchos trabajadores se verán abocados durante la vigencia del contrato a situaciones de extrema gravedad", tras recordar que "muchas de estas empresas han desaparecido, dejando a los trabajadores cuantiosas deudas". Por ello, los sindicatos han instado a empresas privadas y a las administraciones públicas "a velar por la estabilidad del empleo y no por el deterioro de las condiciones de trabajo" y han planteado para ello que "no se firme un solo contrato de trabajo que no permita la rescisión inmediata del mismo en caso de impago de los salarios o de merma en sus prestaciones económicas y sociales".
UGT, CCOO, USO y CSIF agregan a sus reivindicaciones la obligación de los contratistas de servicios públicos a "garantizar como mínimo a sus plantillas las condiciones laborales, sociales y económicas estipuladas en el convenio colectivo estatal de seguridad privada" y a no incluirse en las concesiones a aquellas empresas con deudas en la Seguridad Social o en Hacienda.
