domingo 29/11/20
LABORAL

Los funcionarios cántabros podrán teletrabajar hasta tres días a la semana

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y la directora de Función Publica, Isabel Barragán, informan del proyecto de decreto de teletrabajo en la Administración General
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y la directora de Función Publica, Isabel Barragán, informan del proyecto de decreto de teletrabajo en la Administración General

Los empleados públicos de Cantabria podrán teletrabajar un máximo de tres días a la semana o cinco continuados en periodos de dos semanas. Así consta en el decreto redactado por el Gobierno regional con el que extenderá esta opción laboral a los servicios y departamentos de la Administración General, y que el Ejecutivo espera tener aprobado a principios de 2021 para que "avanzado el verano" esté "todo en marcha".

Lo ha dicho la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, en una rueda de prensa junto a la directora de Función Pública, Isabel Barragán, en la que ha informado del proyecto de decreto autonómico, que ya ha superado el proceso de consulta y que será objeto de negociación con las organizaciones sindicales.

En este sentido, ha considerado imprescindible la apertura de un proceso de participación y diálogo para la búsqueda de la "mejor" norma reguladora de esta modalidad de trabajo no presencial, que ha demostrado, a su juicio, su especial utilidad en situaciones de emergencia o crisis, como en la actual pandemia por el coronavirus. También ha destacado sus beneficios sociales en el ámbito de la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos (aquellos con menores y mayores a su cargo) y para quienes residen lejos de su puesto.

En opinión de la consejera, el teletrabajo en la Administración es una "herramienta de modernización laboral y una palanca para aumentar la productividad", sin menoscabo de la atención presencial de los servicios públicos, que va a quedar asegurada, dado que el empleado público mantendrá el contacto con su puesto y el resto de compañeros de la unidad y además se asegurará su derecho al descanso y la desconexión digital.

El teletrabajo será una modalidad "voluntaria y reversible" para los empleados públicos si bien se exigirán unos requisitos mínimos de experiencia

El teletrabajo será una modalidad "voluntaria y reversible" para los empleados públicos -en Cantabria hay más de 5.000 funcionarios- si bien se exigirán unos requisitos mínimos de experiencia y conocimientos para poder acceder a la misma garantizando el correcto desarrollo del trabajo. Será aplicable al personal de la Administración General del Gobierno de Cantabria y a sus organismos autónomos, con la excepción del personal docente, personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud y de la Administración de Justicia, ya que se rigen por normas o acuerdos específicos. Quedan excluidos los puestos de atención ciudadana, oficinas de registro, obra, limpieza, secretaría y aquellos que comporten la prestación de servicios presenciales, es decir, los que requieran interactuar con terceros (atención sociosanitaria) o necesiten acceder a material o fuentes documentales que se encuentran en los centros de trabajo (museos, laboratorios...).

La normativa regional prevé que la Administración aporte el equipamiento necesario, en función de las disponibilidades, así como la oportuna valoración de los riesgos laborales. Además, su puesta en funcionamiento requerirá la valoración de los puestos de trabajo que pueden ser susceptibles de desarrollar su labor en la modalidad de teletrabajo, la determinación de las funciones, la organización de las unidades administrativas para que quede garantizada la prestación presencial del servicio y los criterios para la evaluación de la actividad.

La irrupción de teletrabajo implicará una valoración de los equipos necesarios y de importantes esfuerzos en materia laboral, lo que supondrá a su vez un "fuerte impacto" en la organización autonómica. Por eso, la consejera de Presidencia ha anunciado que, una vez se encuentre en vigor el decreto, se desarrollará un proyecto piloto para posibilitar su implantación progresiva.

PROYECTO PILOTO DURANTE SEIS MESES

La irrupción de teletrabajo implicará una valoración de los equipos necesarios y de importantes esfuerzos en materia laboral, lo que supondrá a su vez un "fuerte impacto" en la organización autonómica. Por eso, la consejera de Presidencia ha anunciado que, una vez se encuentre en vigor el decreto, se desarrollará un proyecto piloto para posibilitar su implantación progresiva. Para ello se plantea una prueba "a pequeña escala" en un plazo de seis meses para desarrollar todas las fases de implantación del teletrabajo, con el objetivo de analizar el funcionamiento e identificar posibles problemas.

Según datos del Gobierno, durante el estado de alarma más de 3.000 empleados públicos de la Administración General prestaron su labor mediante la modalidad de teletrabajo de forma permanente, lo que permitió mantener "totalmente operativos los servicios autonómicos para toda la ciudadanía", ha subrayado Fernández Viaña.

EJECUCIÓN OEP

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha valorado la ejecución de la Oferta de Empleo Público (OEP) en la Administración General, de la que ya se han celebrado pruebas de 46 procesos selectivos, a los que estaban convocados 2.027 candidatos para la cobertura de 152 plazas. Finalmente, participaron 1.007 aspirantes en estas pruebas, desarrolladas cumpliendo todas las medidas socio-sanitarias establecidas de distanciamiento y aforos.

Respecto a los procesos en marcha, la mayoría se encuentran en la segunda fase de las pruebas y está prevista la realización del tercer ejercicio antes de finalizar el año. Por otra parte, se han fijado fechas para la celebración de otros 5 procesos más de en torno a 300 aspirantes, así como los procesos de promoción interna.

Por último, la consejera ha informado que su departamento ya ha iniciado las negociaciones para la convocatoria de los procesos que afectan al personal laboral, con un total de 355 plazas. Con la ejecución de la OEP, el Gobierno, según Fernández Viaña, apuesta por reducir la ratio de interinidad en la Administración y dar cumplimiento al compromiso de desarrollar la Oferta de Empleo Público en la medida que lo permita la actual pandemia y responder así a las expectativas laborales de miles de opositores.

Comentarios