miércoles 30/9/20
LABORAL

Las inspecciones lograron aflorar 11,3 millones de euros y regularizar a 3.700 trabajadores en 2019 en Cantabria

empleo
La consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, y el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, este lunes en rueda de prensa

Las campañas y actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en 2019 en Cantabria permitieron aflorar 11,3 millones de euros en fraudes y sanciones así como regularizar la situación laboral de un total de 3.695 empleados, por distintas causas y en diversas actividades, especialmente dentro del sector servicios. Se trata de un balance "muy satisfactorio", que mejora los datos del ejercicio anterior y que han sido facilitados este lunes en rueda de prensa por la consejera de Empleo del Gobierno autonómico, Ana Belén Álvarez, al término de la reunión anual de las administraciones autonómica y estatal con los agentes sociales para dar cuenta de los mismos. En su comparecencia ante los medios, junto al director territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, la responsable de la Consejería ha detallado que la mayoría de los 11,3 millones aflorados –7,3 millones– se corresponden con liquidaciones a la Seguridad Social, mientras que los 4 millones restantes tienen que ver con sanciones. Y de los casi 3.700 empleados cuya situación laboral se regularizó el año pasado a raíz de las inspecciones realizadas, Álvarez ha indicado que esa situación obedece a muchos supuestos, como 'falsos autónomos', becarios que no lo son, contratos a jornada parcial cuando se trabaja a tiempo completo o temporales cuando deberían ser indefinidos (se transformaron 556 contratos en este sentido) o no estar dados de alta, extremo este último en el que estaban 715 personas.

Álvarez valora la labor de la Inspección como una herramienta "fundamental" para luchar contra el fraude y la precariedad

La también titular de Políticas Sociales ha valorado la labor de la Inspección –compuesta por 16 subinspectores y diez inspectores, aunque "tendría que haber 13"– como una herramienta "fundamental" para luchar contra el fraude y la precariedad, y se ha comprometido a intensificar la vigilancia de la normativa laboral para perseguir conductas que "lesionan los derechos" de los trabajadores. Asimismo, ha prometido impulsar medidas que combatan el "abuso" de la contratación temporal, las horas de trabajo no remuneradas y el incumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios colectivos, que "perjudican gravemente" tanto a los empleados como a las empresas que cumplen sus obligaciones, que son "la mayoría", y a las que "las infractoras hacen competencia desleal".

Según ha explicado, las campañas y actuaciones de la Inspección de Trabajo se realizan en los ámbitos de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, Seguridad Social y economía irregular y extranjería.

En materia prevención de riesgos laborales destacan las inspecciones orientadas a comprobar las condiciones de seguridad en el trabajo

En la primera, prevención de riesgos laborales, el año pasado se planificaron 29 campañas en cuatro áreas que sumaron más de 4.600 actuaciones y se saldaron con sanciones por importe superior a 1,2 millones, un 50% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, las infracciones aumentaron un 2%, los requerimientos un 55% y el número de afectados un 21%, incrementos que la consejera del ramo ha atribuido al "fuerte impacto" de la implantación en Cantabria del Cuerpo de subinspectores laborales en la escala de Seguridad y Salud, con tres efectivos. En materia prevención de riesgos laborales destacan las inspecciones orientadas a comprobar las condiciones de seguridad en el trabajo –uso de escaleras, aseos, vestuarios, etc.– con 1.149 actuaciones, a las que se suman 708 sobre evaluación de riesgos, 417 de formación de empleados y 364 de vigilancia de la salud. Así, en este ámbito se hicieron 1.181 requerimientos, el 28% de ellos relacionados con una insuficiente evaluación de riesgos y planificación preventiva. Además, como ha subrayado Álvarez, se paralizaron dos actividades por riesgo "grave e inminente" en máquinas y equipos de trabajo, se efectuaron 92 segundas visitas de inspección para comprobar requerimientos previos y se despacharon 360 denuncias interpuestas por empleados o interlocutores sociales. En cuanto a las causas de incumplimientos preventivos, la primera fue en materia de evaluaciones de riesgos laborales, por delante de la vigilancia de la salud e irregularidades en máquinas y equipos de trabajo.

En el capítulo de empleo y relaciones laborales se hicieron 26 campañas igualmente estructuradas en cuatro áreas con más de 1.700 actuaciones, de las que destacan las relacionadas con el control sobre transgresión de la normativa de contratación (467), tiempo de trabajo (453, y que es la principal causa de incumplimientos laborales) y salarios, recibos y finiquitos (219). En total, se extendieron 391 requerimientos a empresas cántabras, casi cuatro de cada diez sobre contratación, y a consecuencia de los cuales 556 contratos en situación irregular se convirtieron en indefinidos. Las sanciones en este campo se aproximaron el año pasado a 304.000 euros, un 19% más, mientras que las infracciones subieron siete puntos porcentuales y los afectados un 22%.

Se efectuaron liquidaciones por 7,3 millones de euros ante casos de falta de cotización a la Seguridad Social

Dentro del apartado de Seguridad Social se efectuaron 5.636 actuaciones que permitieron detectar 575 infracciones que supusieron más de 2 millones en sanciones y afectaron a 3.051 trabajadores. Además, se efectuaron liquidaciones por 7,3 millones de euros ante casos de falta de cotización y se extendieron 141 requerimientos contra empresas por incumplimiento de la normativa en este ámbito. También se constataron 715 trabajadores que no estaban dados de alta en el sistema, que representan la principal causa de infracciones (un 35% del total), altas fuera de plazo (17%), percepción irregular por desempleo (16%) y falta de alta y cotización por salarios de tramitación y vacaciones no disfrutadas. En este área, las cuantías aumentaron un 28% y los afectados un 86% respecto a 2018, según ha apuntado el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, en economía irregular y extranjería se realizaron 254 actuaciones en 15 campañas que se saldaron con 60 infracciones –un 28% más, siendo la principal la falta de autorización de extranjeros trabajando en España– que afectaron a 88 trabajadores, que conllevaron sanciones por cerca de medio millón de euros.

Finalmente, de cara a 2020 se ha acordado realizar casi un centenar de campañas –97, de las que 55 corresponden a Cantabria y 42 al Estado– con un total de 7.095 órdenes de servicio a cumplimentar por la Inspección en Cantabria, destacando actuaciones de prevención de riesgos en materia de género, peluquerías –se introducirá una específica de control de riesgos químicos en salones donde se realizan manicuras y pedicuras–, construcción e investigación especial de accidentes leves. En el campo laboral las actuaciones se centrarán en el control del tiempo de trabajo y registro de jornada, contratación y salarios; en el de la Seguridad Social se orientarán a la lucha contra el fraude, el empleo irregular y empresas ficticias; y en economía irregular en sectores de actividad con situaciones irregulares, becarios y plataformas y comercio electrónico.

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