jueves. 28.03.2024

El Tribunal de Cuentas cuestiona diversos aspectos de la gestión ambiental de varios ayuntamientos españoles con más de 10.000 habitantes tanto en materia de planificación, actuaciones o normativa, entre los que figuran varios cántabros, como el de Santander, Torrelavega, Camargo o Laredo, entre otros, y les hace diversas recomendaciones. Así lo señala en un informe de fiscalización, fechado el 29 de julio, en relación a las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo a lo largo de 2017 y hasta mayo de 2018 por 96 ayuntamientos españoles de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, como es el caso de Cantabria.

En el caso de Cantabria se han realizado actuaciones fiscalizadoras en diez ayuntamientos: Santander, Torrelavega, Laredo, Camargo, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Piélagos, Astillero, Santoña y Santa Cruz de Bezana. En algunos aspectos, para un análisis más pormenorizado, se ha seleccionado una muestra de 15 ayuntamientos españoles, entre los que figuran dos de Cantabria, que son Santander y Laredo. De ambos se analizan las actuaciones llevadas a cabo respecto de las contaminaciones acústica, atmosférica, lumínica y a la recogida selectiva de residuos.

El 56% de las entidades fiscalizadas no realizaron ninguna actuación de inspección y control medioambiental para detectar posibles infracciones

Entre otras cuestiones, en el informe se afirma, de forma genérica, que las 96 entidades locales fiscalizadas "no han utilizado adecuadamente" los recursos de planificación medioambiental puestos a su disposición por organizaciones internacionales", y, en un "número considerable" de áreas de actuación, tilda de "insuficiente" la normativa reguladora desarrollada sobre actividades con repercusión en el medio ambiente. Es el caso, según señala el informe, de la gestión de los residuos de construcción y demolición; del impulso en la implantación de la Administración electrónica para reducir el uso de papel en su gestión ordinaria, de las zonas verdes, parques y arbolado urbano o de la protección de la flora y fauna y los espacios naturales.

Así, en el informe, consultado por Europa Press, se afirma que esta carencia de ordenanzas municipales en estas áreas afectó desde el 55% de las entidades fiscalizadas, en relación con la administración electrónica, hasta el 80% de las mismas, en el caso de la protección de la flora, la fauna y los espacios naturales. Entre ellas, destaca, por su importancia, a ayuntamientos como el de Santander. También se señala que el 56% de las entidades fiscalizadas no realizaron ninguna actuación de inspección y control medioambiental en el periodo fiscalizado para detectar posibles infracciones de la normativa vigente y, como ejemplo, de ello, cita al Ayuntamiento de Camargo.

Santander no elaboró planes de acción en materia de contaminación acústica en los ámbitos territoriales de los mapas de ruido

Por otra parte, en relación a los programas presupuestarios para la protección y mejora del medio ambiente e indicadores medioambientales, se afirma que en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de las entidades fiscalizadas, tuvieron "escasa importancia" los gastos medioambientales en relación con el total de gastos de los servicios públicos básicos ya que solo representaron el 1% de aquellos. Además, se indica que, a excepción del Ayuntamiento de Murcia, las entidades analizadas no definieron ni objetivos presupuestarios ni indicadores para el seguimiento de los resultados de los gastos ejecutados para la protección y mejora del medio ambiente.

En el análisis pormenorizado de la muestra de 15 entidades seleccionadas, dos cántabras, se señala, por ejemplo, que en materia acústica, el Ayuntamiento de Laredo no efectuó una zonificación de su territorio en áreas acústicas ni elaboró mapas de ruido para evaluar la exposición a este factor contaminante en su territorio.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Entre los que sí llevaron a cabo mapas de ruidos figura el de Santander que, sin embargo, según Cuentas, no elaboró planes de acción en materia de contaminación acústica en los ámbitos territoriales de los mapas de ruido, no estableciendo las medidas correctoras preceptivas, lo que, según el informe, "supuso el incumplimiento" tanto de sus propias ordenanzas como de la Ley del Ruido ni el decreto que lo desarrolla. En las 15 entidades seleccionadas para este análisis más en profundo, ve "insuficiente" la dotación de puntos o estaciones de medición y señala que en once de ellas, incluidas Santander o Laredo, no disponían de ninguno de estos instrumentos necesarios para evaluar la contaminación acústica. Sí se señala que las entidades seleccionadas llevaron a cabo actuaciones de vigilancia e inspección en la materia.

El ayuntamiento de Laredo no llevó a cabo la recogida separada de textiles ni de aparatos eléctricos y electrónicos

En cuanto a contaminación atmosférica señala que ayuntamientos como Santander no dispusieron de instrumentos normativos específicos adaptados a las previsiones de la Ley de Calidad del Aire y sus normas de desarrollo ni elaboró planes o programas de protección de la atmósfera para la mejora de la calidad del aire en su territorio. Así, se señala que ayuntamientos como el de Santander incumplieron la ley que establece esta obligación por tener más de 100.000 habitantes.

En cambio, el informe reconoce que ayuntamientos como el de Santander efectuaron actuaciones para la mejora de la calidad del aire en el desarrollo de su propia actividad y, por ejemplo, adquirieron para su flota municipal vehículos menos contaminantes o de alta capacidad.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

En cuanto a la contaminación lumínica señala que, de las quince entidades seleccionadas, solo Santander y Murcia aprobaron ordenanzas específicas de alumbrado exterior. Se destaca que solo el Ayuntamiento de la capital cántabra, de los quince de la muestra, llevó a cabo la zonificación lumínica de su territorio y, además, fue de los pocos que realizó estudios de los gastos y los ahorros derivados de las actuaciones desarrolladas.

Sin embargo, fue uno de los que no llevó a cabo actuaciones de vigilancia e inspección en materia de contamina lumínica, lo que, en el caso de la capital cántabra, supuso, además un "incumplimiento" de su propia normativa reguladora de esta contaminación. Respecto a Laredo, el informe afirma que no garantizó en el periodo fiscalizado el mantenimiento de los niveles de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior.

RESIDUOS

En cuanto a la gestión separada de los residuos, se señala que las quince entidades prestaron, durante el periodo fiscalizado, el servicio obligatorio de recogida y transporte de residuos domésticos generados en hogares, comercios y servicios, mayoritariamente, a través de la gestión indirecta de los servicios mediante la formalización de contratos de concesión o de gestión de servicios públicos con empresas privadas.

Se señala que el ayuntamiento de Laredo no llevó a cabo la recogida separada de textiles ni de aparatos eléctricos y electrónicos en su territorio y en Santander no se efectuó la recogida separada de residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción. Además, de forma genérica, se indica que las entidades no han implantado recogida separada de biorresiduos y del resto de materia orgánica, aunque en Laredo sí se ha llevado "alguna" acción en este sentido pero no de forma generalizada.

El Tribunal de Cuentas remitió el anteproyecto del informe a los representantes de las entidades fiscalizadas y se les dio un plazo para la presentación de alegaciones, que presentaron varios cántabros, como Santander, Torrelavega y Laredo. Aunque se han tenido en cuenta alegaciones realizadas, Cuentas aclara que "no se han valorado aquellas alegaciones que explican, aclaran o justifican determinados resultados sin rebatir su contenido; plantean opiniones sin soporte documental o normativo; tratan de explicar, aclarar o justificar determinadas actuaciones sin contradecir el contenido del informe; o señalan que las deficiencias o irregularidades se han subsanado con posterioridad".

El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión medioambiental de 10 ayuntamientos, entre...
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