El 26 de febrero de 2020, antes de que Europa se encogiera y confinara para luchar contra el Covid-19, el ayuntamiento de Santoña recibe una carta que simulaba enviar la empresa FCC, en la que comunica que ha cambiado de entidad bancaria y que a partir de la recepción de la misma, los abonos de las facturas se realicen en la nueva cuenta, concretamente del banco ING.
La gestión viaria de recogida de basuras siempre ha sido una cesión controvertida hasta que hace ahora un año se adjudicó a FCC por un importe de 3,6 millones de euros dando por acabada de esa manera una prorroga continuada desde el año 2014.
El pasado miércoles, en la Junta de portavoces, el socialista Sergio Abascal, alcalde Santoña, con gesto serio comunica a la oposición formada por el Partido Popular, Ricardo Fernández Martínez y el partido Santoñeses, Jesús Gallart, que ha denunciado ante el juzgado y la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa por medios telemáticos relacionada con el pago a una cuenta fraudulenta de más de 123.000 euros, mediante la falsificación de documentos y certificados bancarios y la suplantación de identidad.
Según el alcalde, una vez informado de los hechos y con toda la documentación recabada, procedió personalmente a redactar los escritos de denuncia que se han interpuesto ante los Juzgados de Instrucción de Santoña y la Guardia Civil, con el fin de esclarecer los hechos y recuperar el dinero defraudado. Del mismo modo ha actuado la empresa prestataria del servicio, que ha interpuesto la correspondiente denuncia por el delito de suplantación de identidad.
Ante esta estafa en la propia administración y la “extrema gravedad de los hechos”, desde el Partido Santoñeses y el Partido Popular solicitan una copia de la denuncia y de la documentación para estudiarla y valorarla y verificar la forma de actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento. Un petición que ha sido presentada oficialmente este sábado por parte del Partido Popular, manifestando su posición preliminar sobre el asunto y solicitando una copia de toda la información disponible relacionada con el asunto: denuncia por estafa presentada por el Ayuntamiento de Santoña, facturas electrónicas emitidas por la empresa adjudicataria del servicio de recogida, transporte de residuos urbanos, limpieza viaria y servicios afines, correos electrónicos, informes, etc... Además, piden que se convoque de forma extraordinaria, urgente y monográfica la Comisión Informativa de Economía y Hacienda para aclarar los hechos y los protocolos de actuación de las personas implicadas en la estafa. Al mismo tiempo el partido afirma que “aun cuando la presunta estafa se ha producido por una supuesta suplantación de identidad y falsificación de documentos, se pone de manifiesto que han fallado alguno de los controles exigidos en la administración, por tanto, se hace necesario profundizar en el esclarecimiento de lo acontecido en este caso, y analizar también los protocolos de control y fiscalización que el Ayuntamiento de Santoña aplica normalmente, para evitar que se reproduzcan problemas similares en el futuro”.
Por otra parte, el Partido Popular sostiene que este asunto de “interés público” y “extrema gravedad” está ocasionando una pérdida de confianza del ciudadano en la institución del Ayuntamiento y puede suponer un menoscabo de las cuentas públicas de más de 120.000,00 de euros. Ricardo Fernández (PP) apela a la cautela solicitando primero la documentación para su análisis, para pedir después las aclaraciones necesarias y finalmente determinar la modificación de protocolos y en último término depurar responsabilidades. Ahora, prosigue, echan la culpa a un trabajador municipal de una responsabilidad que debe asumir alguno de los técnicos del Ayuntamiento. Un Ayuntamiento que, sumido en la “dejadez”, ni siquiera se ha molestado después de un año en cambiar en la página web la configuración ni de la Junta de Portavoces ni de los diferentes partidos y miembros que representan a todos los santoñeses.
