jueves 29/10/20
CASTRO URDIALES

El Pleno vuelve a tumbar la modificación del PGOU para la parcela de Conservas Lolín

Ayuntamiento de Castro Urdiales
Ayuntamiento de Castro Urdiales

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha vuelto a rechazar este lunes la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de la parcela de Conservas Lolín, en Brazomar, de industrial a comercial. Y ello pese a que con este rechazo se repite el mismo resultado del 4 de febrero que hizo que a principios de marzo el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, declarara nulo el pleno al considerar que se producía un "fraude de ley" porque la decisión plenaria no se ajustaba al resultado lógico del expediente tramitado sobre dicha modificación puntual.

Así, en dicho auto -recurrido por el Ayuntamiento- se instaba a la Corporación a repetir el Pleno, algo que ha ocurrido hoy, cuando expiraba el plazo dado por el juzgado en su última providencia del 28 de abril, en el que se apercibe a la alcaldesa, la socialista Susana Herrán, que de no hacerlo incurriría en un delito de desobediencia judicial y le advierte que se impondría una multa de 1.000 euros por cada día de retraso. Es por ello por lo que la alcaldesa decidió convocar para hoy este pleno "urgente" -"por orden" del juzgado, según ha dicho- y de carácter extraordinario, que, además, se ha convertido en el primer pleno íntegramente telemático celebrado en Castro.

En el Pleno de hoy, y pese a lo advertido por el juzgado, este lunes se ha vuelto a dar el mismo resultado ya que casi todos los grupos -no todos- han mantenido invariable su voto y sus justificaciones respecto a la sesión anterior. Así, PRC y CastroVerde han vuelto a votar a favor de la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU y también han mantenido su abstención los grupos del equipo de Gobierno, esto es PSOE y Cs. A esta misma postura de PSOE y Cs se ha sumado también la de los tres ediles del PP, que, a diferencia del 4 de febrero, hoy sí han participado en el Pleno.

PODEMOS

Quien sí ha cambiado el sentido de voto, ha sido el concejal de Podemos, Alberto Martínez, que en el pleno anterior votó en contra de la aprobación y hoy lo ha hecho a favor, aunque, según ha afirmado el edil, "con la nariz tapada" y para cumplir con la resolución del juzgado que consideraba "fraude de ley" la decisión adoptada por el Pleno del día 4.

Martínez ha señalado que Podemos acatará las resoluciones judiciales aunque "no le gusten", como, según ha señalado, ocurre con esta modificación del PGOU de Castro Urdiales. Y es que el edil ha asegurado que su grupo se opone "rotundamente" al convenio urbanístico firmado en 2017 por el Ayuntamiento y conservas Lolín para facilitar el traslado de esta empresa desde su parcela en Brazomar al polígono de Vallegón, en Sámano.

Con la modificación puntual del PGOU que se volvía a abordar hoy en el Pleno, se cambiaba el uso de la parcela que ocupa actualmente la empresa, en Brazomar, de industrial a comercial, para permitir que en ella se construyera un centro comercial (Mercadona).

Para Podemos, dicho convenio es una "barbaridad", "perjudicial" para el conjunto de los castreños, únicamente beneficia a la parte privada del acuerdo pero no al Ayuntamiento. El edil 'morado', pese a haber votado sí, ha apoyado a los grupos que han mantenido su abstención y ha deseado que el punto no saliera adelante.

De esta forma, el resultado han sido 11 abstenciones (PSOE, PP y Cs) y 9 votos a favor (PRC, CastroVerde y Podemos), con lo que no ha salido adelante. En el Pleno de hoy, como ocurrió ya en el del 4 de febrero, no ha asistido el concejal del PRC, Jesús Gutiérrez, por ser parte interesada en el asunto al ser propietario de Conservas Lolín.

Durante la sesión, los grupos han repetido muchos de los argumentos que emplearon en el pleno del 4 de febrero. Así, por ejemplo, PRC y CastroVerde han defendido el convenio urbanístico suscrito por el Consistorio y la empresa en la pasada legislatura y los "beneficios" y el "evidente interés público" que, a su juicio, lleva aparejado.

También han esgrimido los argumentos del auto del juzgado de Luis Acayro Sánchez, que declaró nulo el pleno del 4 de febrero al considerar que "bajo la apariencia de rechazo" de la aprobación de la modificación puntual del PGOU "se esconde una revocación arbitrarian del convenio existente" entre la empresa y la Administración. Además, han apuntado que en el auto se señalaba que el acuerdo del día 4 de no aprobar la modificación "no se ajustaba al resultado lógico del expediente".

PREVARICACIÓN

De hecho, desde el PRC han opinado que "la única decisión política ajustada a derecho es el voto favorable a la modificación" y han señalado que, de lo contrario se estaría incurriendo "en acto contaminado por la prevaricación" ya que se cuentan con todos los informe preceptivos y que podrían derivar en "posibles responsabilidades económicas de elevada cuantía".

Además, a su juicio, se estaría cometiendo una "irresponsabilidad política" negando la oportunidad de un actuación "de bien común" que serviría, según ha dicho, para el mantenimiento de 50 empleos directos -los de Conservas Lolín-, la creación de otros 90 puestos estables y la implantación de una empresa como Mercadona.

Por su parte, PSOE, Cs y PP -y también Podemos pese a su voto a favor- han coincidido en que, según señala un informe de la secretaria municipal, no se cumplen por parte de la empresa una de las cláusulas del convenio suscrito. Creen que no ha quedado acreditado que la empresa tenga capacidad económica suficiente para adquirir la propiedad o el uso de la parcela en el Vallegón, construir la nave y ponerla en marcha. De hecho, algunos creen que, por las declaraciones de responsables de la compañía, quedaría más acreditado lo contrario.

Además, varios de estos grupos han coincidido en que más que un convenio urbanístico para abordar la situación de esta empresa en particular, hubiera sido más recomendable el diseñar un plan especial que abordase de forma conjunta el planeamiento de esta zona. También han aludido a las "dudas" expresadas, a su juicio, en algunos informes sectoriales.

COACCIONES VELADAS

Por otra parte, la alcaldesa ha criticado las "coacciones veladas" a que, a su juicio, se han expresado sobre lo que podría pasar si no se apoya la modificación. También Herrán se ha referido al auto del juez y ha considerado que, aunque el Ayuntamiento "respeta" las resoluciones judiciales en este caso "no comparte" la misma y por ello ha presentado el recurso de apelación ante el TSJC.

Y es que, según ha dicho, el Consistorio cree que ese juzgado "no tiene competencia material para pronunciarse sobre recursos contra acuerdos sobre el PGOU sino que es algo que le corresponde al TSJC". Además, ha puntualizado que la modificación del PGOU y el convenio urbanístico son asuntos "diferentes".

"Los tribunales, tienen una función revisora controlando la legalidad de los acuerdos de la Administración pero no pueden sustituir al Ayuntamiento hasta el punto de obligarle a adoptar un acuerdo en una materia discrecional como es el planeamiento urbanístico que admite más de una solución válida. El convenio urbanístico no priva al Ayuntamiento de su potestad de disponer con libertad sobre la aprobación de la modificación del planeamiento", ha dicho Herrán, que ha añadido que ello sin perjuicio de posibles indemnizaciones por daños.

Comentarios