martes 4/8/20
CASTRO URDIALES

El TSJC condena al Ayuntamiento a indemnizar a un policía local que denunció acoso laboral

Ayuntamiento de Castro Urdiales
Ayuntamiento de Castro Urdiales

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales a indemnizar con 6.000 euros a un agente de la Policía Local que denunció por acoso laboral al jefe del Cuerpo. La sentencia confirma otra anterior del Juzgado de lo Social número 6 de Santander, que declaró la vulneración por parte del Ayuntamiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por este caso, aunque el TSJC rebaja la indemnización de 20.000 euros que se impuso entonces al Consistorio.

Así lo ha dado a conocer la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB) en Castro Urdiales, que ha destacado que el fallo del TSJC, de enero de 2020, ratifica "todos y cada uno de los hechos" que ya declaró probados el Juzgado de lo Social en julio de 2019, sentencia contra la que el Ayuntamiento interpuso recurso, que se ha estimado en parte.

Así, el TSJC desestima las modificaciones planteadas en el recurso del Ayuntamiento y confirma que el jefe de la Policía Local ha estado sometiendo al demandante "a un control exhaustivo que no se extiende a otros agentes", en un contexto definido como "una manifiesta situación de conflicto laboral". Según APLB, los hechos se produjeron durante la pasada legislatura, bajo el gobierno de Castro Verde, cuando el agente ejercía como presidente de la sección sindical de esta asociación y vicesecretario general a nivel autonómico.

El demandante acudió a los tribunales "ante la pasividad del Ayuntamiento, que tenía pleno conocimiento de la situación", señala APLB, que destaca que, pese a las declaraciones efectuadas por la actual alcaldesa, Susana Herrán, en las que señalaba que se iba a investigar lo sucedido, "paradójicamente, el equipo de gobierno decidió recurrir la sentencia".

Una vez ratificada la condena por el TSJC, tanto el demandante como APLB han exigido al Ayuntamiento que "depure las responsabilidades disciplinarias, reiterando recientemente información al respecto, sin obtener respuesta alguna", según la asociación. Para ALPB, la sentencia, que "deja claro que no se adoptaron las medidas precisas en materia de seguridad y salud en el trabajo, a los efectos de garantizar la integridad física del agente así como el riesgo psicosocial, viene a abundar en lo padecido por otros agentes".

Al respecto, señala que durante la pasada legislatura "tuvo que activarse hasta en tres ocasiones" el protocolo municipal por acoso, debido a denuncias de otros tantos agentes "por la discriminación y el trato dispensado hacia ellos por el jefe del Cuerpo", dos de las cuales han derivado a la vía judicial. APLB recuerda igualmente que "lleva años" denunciando internamente la situación existente en la Policía Local, "con infinidad de arbitrariedades, discriminaciones y diferencias de trato hacia determinados agentes".

Comentarios