jueves 27.02.2020
DERRIBOS

Afectados por derribos piden una "solución final" antes de que acabe la Legislatura

Reunión de AMA en el Ayuntamiento de Argoños
Reunión de AMA en el Ayuntamiento de Argoños

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a afectados por derribos en Cantabria, ha acordado en la reunión celebrada este sábado en el Ayuntamiento de Argoños que finalmente realizará su XV Marcha a Santander el 25 de agosto, tras haberse manejado otras fechas en julio. La iniciativa de este año tendrá lugar bajo el lema ‘¡No más engaños. Soluciones reales ya!’.

En una nota de prensa, los propietarios de viviendas sobre las que pesan sentencias de demolición se quejan de que "no levantan cabeza". "El tiempo pasa y pasa", dicen, y la situación "sigue deteriorándose sin que lleguen las tantas veces prometidas e incluso aprobadas soluciones propuestas por las instituciones".

Además, los planes generales de ordenación urbana (PGOU) "siguen con su letargo habitual", aseguran. Así las cosas, "cuando hay alguna novedad, son providencias de los tribunales que piden fechas para los derribos". Con esta perspectiva, los afectados pasan "otro verano entre la zozobra y la rabia" por esa "falta de soluciones

Por ello, han vuelto a exigir el cumplimiento de las dos resoluciones aprobadas en el último Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en junio, y piden una "solución final" a este problema antes de que acabe la Legislatura, lo que se une a la Declaración Institucional que en el mismo sentido aprobó en 2017.

"No puede haber más excusas, ni más dilaciones indebidas", avisa AMA, que llevará sus peticiones e informará "próximamente" al Parlamento Europeo, pues "después de diez años de emitidos sus informes se sigue sin dar las soluciones prometidas por las instituciones".

En el comunicado remitido, también han informado que se están estudiando los medios para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el "desamparo e injusticia" que se está cometiendo con este colectivo, que lleva "más de dos décadas" con el patrimonio "secuestrado" sin haber cometido "ilícito alguno".

En su lugar, recuerdan, son las administraciones públicas -Gobierno de Cantabria y ayuntamientos- quienes han "incumplido" las leyes y han sido "condenados en más de 30 sentencias firmes", instituciones a las que pide "mayor sensibilidad y, sobre todo, el cumplimiento de sus propias promesas" realizadas, de forma reiterada, al colectivo.

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