jueves. 28.03.2024

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido noticia en los últimos años por los constantes casos de corrupción que parecen confirmar una trama en el PP de aquel ayuntamiento. En los últimos días sus declaraciones han sido escasas, y siempre para defender su inocencia en el ‘caso Imelsa’, a pesar de que todos sus colaboradores han sido llamados a declarar por presuntos delitos de corrupción. En su última intervención, en la que aceptó el ofrecimiento del juez de declarar antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo, decidió airear los casos de corrupción que salpican a otros partidos, citando entre ellos al PSOE y, en concreto, a Santoña.

Lo que omite deliberadamente la dirigente ‘popular’ es que a poca distancia de Santoña, concretamente a 10,8 kilómetros, el exalcalde de su partido en Noja, Jesús Díaz, ha sido imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos. No solo él, sino que buena parte de su equipo de Gobierno municipal también tuvo que acudir ante el juez para declarar.

Y en este caso, no puede decirse que Rita Barberá no conociera, aunque solo sea físicamente. Ambos alcaldes coincidieron en 2010 en una cita en la que Noja recibió la distinción de villa europea del deporte en Bruselas, mientras que Valencia fue nombrada Ciudad Europea del Deporte.

Entre los casos que se le imputan al exalcalde de Noja, sustituido en las pasadas elecciones autonómicas por el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín, está el caso de dos empresas contratadas de forma "irregular" que pertenecen a un familiar del secretario municipal por aquel entonces.

La denuncia, que fue presentada por el PRC, detalla que para saltarse los reparos de Intervención motivados por la aprobación de gastos sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Díaz utilizaba resoluciones directas de Alcaldía.

Acusaciones de Barberá

El caso de Santoña que mencionó Rita Barberá en su rueda de prensa, y que afectó a la socialista Puerto Gallego, se inició cuando el PP presentó la denuncia por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación entre los años 2003 y 2009 de algunos servicios sin el pertinente concurso público.

En mayo de 2013 la Fiscalía solicitó su archivo, pero la causa aún se mantiene abierta. Puerto Gallego no está imputada, puesto que es diputada nacional y, por tanto, aforada, de modo que su procesamiento judicial recae sobre el Tribunal Supremo.

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