Lo ocurrido en el XII Congreso del PP de Cantabria, en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del partido por cuatro votos de diferencia sobre el anterior líder de la formación autonómica, Ignacio Diego, daba el salto a la actualidad nacional al desvelarse que los autores de los ingresos de las cuotas de 491 militantes para que estos pudieran participar en la votación fueron cuatro personas muy cercanas a la actual presidenta: su marido, la actual secretaria general, María José González, la presidenta del comité electoral del PP de Cantabria, Isabel Urrutia y un diputado autonómico cuyo nombre no ha trascendido. Este hecho, que actualmente se encuentra en proceso judicial, tiene sin embargo un daño colateral mucho más humano, y es el efecto que va a tener lo ocurrido sobre la vida de la persona titular de la cuenta en la que se ingresaron esos 9.000 euros que permitieron a esos militantes votar y, por tanto, elegir a Sáenz de Buruaga.
Como ya se ha publicado en varios medios y redes sociales, el titular de la cuenta, conocido como ‘Miguelín’, tiene una discapacidad mental del 95% reconocida por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Sus ingresos se limitan a una pensión no contributiva y la ayuda que puedan prestarle vecinos. Esto implica que, en ningún caso, esta persona a cuyo nombre se abrió la cuenta pudo realizar esas 511 transferencias hasta completar los 9.000 euros. La consecuencia directa de que esta cuantía figure en su cuenta es que podría perder la pensión, algo que según han adelantado los compañeros de La Sexta el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tiene previsto abordar en el programa de La Sexta Noche que se emite este sábado, analizando el impacto social de lo ocurrido en el congreso.
El requisito principal para que una persona con este grado de discapacidad pueda optar a una pensión es que no puede recibir rentas o ingresos superiores a 5.178,60 euros anuales
En efecto, el requisito principal para que una persona con este grado de discapacidad reconocida pueda optar a una pensión no contributiva es que el solicitante no puede recibir rentas o ingresos superiores a 5.178,60 euros anuales. De lo contrario, no podrá ser beneficiario de dichas prestaciones. Esto implicaría que ‘Miguelín’ podría perder su pensión por unos ingresos realizados en una semana en una cuenta a su nombre por, según los documentos publicados este viernes, cuatro personas muy próximas a la actual presidenta del PP cántabro.
MULTA DE HASTA 600.000 EUROS
Si finalmente se confirma lo que los documentos bancarios indican, el escándalo en la elección de Sáenz de Buruaga podría tener otra consecuencia económica para el partido. En concreto, una multa de hasta 600.000 euros por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos, como señala okdiario. Y es que las cuatro personas que realizaron los ingresos en la cuenta de ‘Miguelín’ para pagar las cuotas de los cerca de 500 militantes tuvieron que manejar datos personales de los afiliados, pues cada transferencia para abonar estas cantidades debe incorporar los datos personales de estas personas.
Sea como sea, por el momento el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander debe analizar las presuntas irregularidades en este procedimiento, en un juicio que tendrá lugar el 15 de mayo. Según la información publicada, la sala ya tendría en su poder los documentos bancarios que demuestran, por un lado, que la cuenta a nombre de esta persona con discapacidad se abrió desde el 1 de febrero al 6 de marzo de 2017, estando activa únicamente la última semana, en la que se realizaron ingresos por esos 9.000 euros que podrían hacer perder la pensión no contributiva a ‘Miguelín’.
Las irregularidades fueron denunciadas a los pocos días. El 7 marzo de 2017 se denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de Laredo la presunta usurpación de personalidad de ‘Miguelín’, y tan solo un día después varios miembros del Comité Ejecutivo local del PP de la villa pejina comunicaron a los órganos competentes del partido en Cantabria, concretamente ante la comisión encargada de la organización del Congreso, el abono de las cuotas de esos 491 militantes, solicitando que los militantes cuya cuota se regularizó de esa manera no pudieran ejercer el derecho de votar en las primarias, que se celebraron el mismo día 8 de marzo del pasado año.
Posteriormente, el día 23 de marzo de 2017 registran un nuevo escrito en el que se solicita, igualmente, que todos aquellos compromisarios cuya cuota haya sido pagada desde la citada cuenta no puedan ejercer su voto el 25 de marzo, fecha en la que Buruaga es elegida presidenta de los populares en Cantabria.
Desde ese día de finales de marzo muchas han sido las voces que se han levantado contra la elección de la actual presidenta y contra su forma de gestionar el partido, hasta el punto de iniciarse una corriente denominada Lealtad Popular que ha dado paso a una asociación. La dirección ha anunciado en varias ocasiones la apertura de expedientes disciplinarios a varios miembros que han criticado la elección de Buruaga, e incluso se han producido algunas salidas del PP cántabro, como son la del exdiputado Carlos Bedia o la del edirector de Cultura Joaquín Solanas, que recientemente anunciaba su ingreso en Ciudadanos.
