viernes. 19.04.2024

Este martes ha tenido lugar la II Mesa de Diálogo Social, con la que se ha dado por reabierto después de “romperse”, como ha afirmado el Gobierno regional, con la legislatura del PP. En dicha mesa se ha llegado al acuerdo de establecer “por Ley” este diálogo entre el Ejecutivo, para quien será “una obligación”, y el resto de actores sociales.

Para llevarlo a cabo se creará el Consejo General del Diálogo Social, tal y como han acordado el Gobierno de Cantabria, UGT y CC.OO. y CEOE-Cepyme, y que se incluirá dentro de la Ley de Participación Institucional de Cantabria y se asimilará a la actual Mesa de Diálogo Social.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta regional y consejera de Investigación, Universidades, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, quien ha leído la declaración institucional acordada por estos actores sobre el diálogo social en Cantabria para el periodo 2015-2019.

En la Mesa han participado, además de Díaz Tezanos, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; el de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; el de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz; la de Sanidad, María Luisa Real y el de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota; los secretarios generales de CC.OO y UGT, Carlos Sánchez y María Jesús Cedrún, respectivamente, y el presidente de CEOE-Cepymme, Lorenzo Vidal de la Peña.

El Consejo General del Diálogo Social, que estará presidido por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien este martes no ha acudido a la reunión, se encargará de trabajar en un Acuerdo Marco para el Empleo, la Cohesión Social y el Desarrollo Económico de Cantabria, que se espera tener listo en los "próximos meses" y que incluirá todas las medidas fijadas para conseguir potenciar, a través de este diálogo social, el crecimiento económico, el empleo y el reparto "equilibrado de beneficios, esfuerzos y cargas" para reforzar la cohesión social de la región.

Mesas de trabajo

Estas medidas saldrán de las mesas de trabajo acordadas, un total de once que se ocuparán de las distintas áreas (Empleo y Formación; Medio Ambiente y Política Territorial; Industria y Energía; Turismo; Comercio; Transporte y Comunicaciones; Forestal y Medio Natural; Obras Públicas y Vivienda; Sanidad; Servicios Sociales, y Agroalimentario y Sector Pesquero) y dos mesas más de carácter "especial": la de Patrón de Crecimiento y la del Besaya, esta última ya anunciada en la reunión anterior.

Las mesas se irán constituyendo a lo largo de las "próximas semanas", a excepción de la de Empleo, que, por ser este un eje "fundamental", se constituirá y empezará a funcionar desde mañana, miércoles, 30 de septiembre.

También han quedado definidos tres ejes estratégicos "transversales": el de Empleo y Personas; Nuevo Patrón de Crecimiento, y Cohesión, con el "reto" de poner a Cantabria "en los puestos de cabeza" de España, algo para lo que se ha establecido el horizonte de esta legislatura.

Estos ejes se cerrarán "definitivamente" a lo largo de los "próximos días" y serán objetos de una "firma formal".

Tras la lectura de la declaración, Díaz Tezanos ha insistido en que el actual Ejecutivo PRC-PSOE es "consciente" de la "importancia" del diálogo social como una "palanca fundamental" para poner en valor las potencialidades de Cantabria y "pieza clave" para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Declaración institucional

En la declaración institucional se quieren establecer unas "bases más sólidas" en el diálogo social que contribuyan a sacar a la comunidad de la actual situación en la que, según Díaz Tezanos, "no hay un solo indicador mejor" que hace cuatro años.

"La duración e intensidad de la crisis y su impacto sobre el empleo, las empresas y las personas nos ha situado en un punto de partida muy comprometido para iniciar el camino de la recuperación. Precisamente ahí, es donde está situado el gran reto para el futuro de Cantabria: superar la situación, mejorando los niveles de bienestar y progreso económico y social pre crisis", señala el documento.

Los firmantes del mismo han afirmado ser "conscientes" de las "incertidumbres y de los riesgos" a los que está sometida nuestra economía de Cantabria, "similares" a los que pesan sobre la de España, y entre ellos citan el alto endeudamiento público y privado; falta de crédito y sobrecoste de la financiación para familias y pymes; las exigencias de la consolidación fiscal y la ausencia del sector de la construcción en la salida de la recesión.

A su juicio, son factores que "de no resolverse orientan la reactivación hacia una senda de crecimiento demasiado débil" y, por ello, en el actual escenario, se "demanda" que los agentes sociales, económicos y políticos pongan en marcha "actuaciones vigorosas y decididas que contribuyan a intensificar la recuperación, acelerando, con ello, la creación de empleo estable y de calidad".

Insisten en que en ese compromiso, el diálogo social debe de jugar un "papel relevante" y señalan los "buenos resultados" que ha tenido la concertación social, que ha formado parte de la "tradición social" de Cantabria.

En la declaración, sostienen que Cantabria cuenta con "la oportunidad de diseñar un modelo único e innovador en sus políticas públicas para este nuevo periodo", un "cambio de modelo" en el que el progreso en el empleo "debe ser el vértice".

También han resaltado la necesidad de "garantizar" el "carácter transversal" de las acciones, planes y desarrollo de las políticas públicas, garantizando la implicación de las consejerías, organismos y empresas públicas dependientes del Gobierno en el cumplimiento, concreción y desarrollo de los acuerdos que se alcancen en el marco del diálogo social.

Además, han reconocido la "necesidad de combinar políticas que hagan sostenibles las cuentas públicas" con "medidas de impulso de la actividad económica, la promoción de proyectos empresariales y de inversión productiva" que contribuyan a generar empleo, garanticen una "protección social adecuada, avancen en la lucha contra la exclusión" y, a la vez que faciliten "un alto nivel de educación y formación".

Blindado por ley el diálogo social
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