Las declaraciones del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, del pasado jueves, en las que planteaba una hipotética multa millonaria a diario de la UE si las comunidades autónomas que habían vuelto a imponer la atención sanitaria universal mantenían su actitud (entre ellas Cantabria), han generado reacciones dentro y fuera de las fronteras de la región.
En este sentido, el Gobierno regional ha declarado que “no va a tolerar amenazas” del Ejecutivo central. La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, ha llegado a plantear la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo para que se pronuncie a este respecto.
Para Díaz Tezanos, la decisión del Gobierno de Cantabria de dotar de cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es “legítima, y responde a competencias legítimas”, naciendo además de las concepción de justicia social y de defensa de la sanidad universal de la que hace gala, a su juicio, el Ejecutivo presidido por Miguel Ángel Revilla.
Asimismo, ha dicho que lo mejor que podía hacer el Gobierno de Mariano Rajoy “es dedicar las pocas energías que ya le quedan como gobierno a derogar" el Real Decreto Ley 16/2012, con el que se excluyó de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Pataleta del Gobierno
En similares términos se ha manifestado la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien ha opinado que se trata de una "pataleta del Gobierno central”, al que ve "un poco nervioso". También ha considerado "penoso que se gasten tiempo y recursos económicos y humanos en combatir a las comunidades autónomas en lugar de a mejorar la universalidad de la asistencia sanitaria".
Real ha asegurado que el Ejecutivo regional no tiene “ningún temor ni ninguna duda" porque la norma que ha aprobado "está dentro de nuestras competencias" y cuenta con informe jurídico favorable. Asimismo, ha destacado que la normativa cántabra "lo único que trata es de dar de nuevo asistencia sanitaria, exclusivamente en Cantabria", a aquellas personas que se vieron excluidas por el decreto, y que "no son solamente extranjeros, sino también españoles que han estado en el extranjero más de tres meses".
La consejera de Sanidad ha recordado que, en el último Consejo Interterritorial, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que tenía previsto "intentar publicar alguna normativa que mejorase la accesibilidad de estas personas excluidas por el decreto".
"Posiblemente lo que le ha pasado es que se ha visto sobrepasado por la rápida actuación de las comunidades autónomas con gobiernos socialistas. Yo creo que es un poco una pataleta", ha apostillado.
Reacción nacional
Pero la oposición a la postura del Gobierno de Rajoy no ha llegado solo desde Cantabria y el resto de comunidades afectadas (Aragón, Valencia y Baleares), sino desde diversos ámbitos. Incluso desde las propias filas del Partido Popular surgen voces que se oponen a las palabras de Rubén Moreno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado hoy que su administración entregará en los próximos meses a los inmigrantes en situación irregular un documento que les permita tener acceso a la atención primaria y especializada.
Asimismo, desde diversos grupos de la oposición en el Congreso, entre ellos Izquierda Plural, se ha recordado que la única multa que ha recibido España desde Europa fue por “falsear las cuentas” de la Comunidad Valenciana (una de las primeras en devolver la atención sanitaria universal) bajo el anterior gobierno ‘popular’, “no por darle cobertura a gente que está en situación desesperada”.
